POR: DR. JAVIER PEDRO FLORES AROCUTIPA

El establecimiento penitenciario de Moquegua, cuya capacidad es de 178 internos, alberga actualmente a 364 personas privadas de libertad, lo que representa un sobre hacinamiento del 204,49%. La cifra confirma un nivel severo de hacinamiento, pues el penal funciona con más del doble de su capacidad operativa.

De acuerdo con el Código de Ejecución Penal (CEP), esta situación afecta derechos fundamentales como la dignidad, la salud y la seguridad de los internos, además de dificultar el tratamiento penitenciario individualizado (artículos 1, 2 y 4 del CEP).

Tres delitos concentran el 38,5% de la población penal: Robo agravado: 14,8%; Violación sexual de menor de edad: 14,6%; Actos contra el pudor en menores: 9,1%

Se trata de delitos graves, con penas altas y de cumplimiento prolongado, lo que reduce el flujo de egresos y agrava la sobrepoblación carcelaria.

En conjunto, los delitos contra la libertad sexual (violación de menor, actos contra el pudor, violación sexual simple, violación en inconsciencia y tocamientos indebidos) suman el 30,9% de la población carcelaria.

Los delitos vinculados al robo agravado, hurto agravado y tentativas representan el 21,3% del total. Varios de estos casos, de acuerdo con los artículos 52 y 53 del CEP, podrían ser objeto de beneficios penitenciarios como semi-libertad o redención de pena por trabajo o estudio, medidas que ayudarían a reducir la sobrepoblación.

El hacinamiento en el penal de Moquegua resulta crítico: el establecimiento opera con más del doble de su capacidad, incumpliendo estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y tratamiento penitenciario.