POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
En respuesta al reciente destape de corrupción en la tramitación de licencias de conducir, el Gobierno Regional de Moquegua emitió la tarde del jueves el Comunicado N° 10. En este comunicado, la gestión de la gobernadora regional Gilia Gutierrez Ayala intenta desvincularse de cualquier responsabilidad, argumentando que el personal detenido en el megaoperativo no fue nombrado por la actual administración.
El comunicado afirma: “Cabe precisar que en estos presuntos actos de corrupción no se encuentra vinculado ningún funcionario o servidor público contratado por esta gestión regional”. Sin embargo, esta declaración solo presenta una verdad a medias.
Aunque es cierto que los detenidos son personal nombrado y estable de la dependencia, el director regional de Transportes, Augusto Alfredo Rospigliosi Flor, que, si bien no se encuentra investigado, si tiene que asumir su responsabilidad administrativa, puesto que fue designado por la gobernadora Gilia Gutierrez Ayala.
Es en esta gestión, como en la anterior, que la mafia en la tramitación de brevetes actuó impunemente, sin que el director tomara medidas al respecto, a pesar de tratarse de una entidad pequeña donde todos conocen lo que sucede.
La responsabilidad del director de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones recae en la gobernadora, quien lo nombró mediante Resolución Ejecutiva Regional. Por eso es que con válidos los cuestionamientos por la falta de fiscalización y control en la emisión de licencias de conducir. ¿Está el director, meramente de adorno?
Es preocupante que, ante un hecho tan escandaloso, la actual administración del Gobierno Regional de Moquegua trate de blindarse mediante este comunicado (N° 10°). A pesar de las claras evidencias que requieren investigación, la gestión regional parece intentar minimizar los múltiples hechos tipificados como delitos.
El comunicado finaliza afirmando: “La actual gestión regional, identificada en la lucha contra la corrupción, rechaza todo tipo de actos irregulares que vayan en contra de la Ley”. Sin embargo, estas palabras parecen vacías, ya que la gestión de Gilia Gutierrez Ayala ha sido caracterizada por una falta de transparencia y numerosas denuncias de corrupción actualmente bajo investigación del Ministerio Público, donde incluso la gobernadora regional está involucrada.
Es inaceptable que intenten «lavarse las manos» cuando la gobernadora regional es quien nombra a su personal de confianza y estos jefes, como en el caso de Transportes, evidentemente incumplen sus funciones al no ejercer un control adecuado dentro de sus dependencias, omitiendo sus responsabilidades. Sin embargo, para el GORE Moquegua, esto no parece ser ni relevante ni importante.
