POR: JULIO FAILOC RIVAS
Hace un mes advertíamos que la democracia estaba en riesgo, que los congresistas necesitaban tiempo para avanzar en el copamiento del poder que los blinde, que la vacancia del presidente Castillo pasaba a un segundo plano, que la prioridad del Congreso era garantizar la reelección para lo cual necesitaban capturar los organismos electorales a su favor.
El golpe final contra la democracia está en marcha desde hace algún tiempo. El Congreso hizo lo que le ha venido en gana: nos han recortado nuestros derechos ciudadanos, nuestro derecho a tener una buena educación, nuestro derecho a elegir –en los partidos– a los mejores ciudadanos para que nos gobierne, nuestro derecho a tener justicia que nos trate igual a todos; ahora pretenden imponernos la Bicameralidad (cámara de senadores y diputados) para la reelección indefinida de los actuales congresistas, para lo cual necesitan capturar la ONPE y el JNE y ponerla a su servicio. Una vez cumplido este cometido recién irán por la vacancia de Dina Boluarte y Pedro Castillo o viceversa.
Para cumplir con este propósito la Comisión de Constitución encabezada por el fujimorismo en sus tres versiones (Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País), con el apoyo de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú, aprobaron modificar 53 de los 206 artículos con el que actualmente cuenta la Constitución Política del Perú. Es decir, han cambiado la constitución, que decían defender con uñas y dientes, para ponerla a favor de sus mezquinos intereses, sin la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente.
Los cambios en la constitución restituyen la Bicameralidad que había sido rechazada por más del 85% de los ciudadanos en el referéndum convocada por el expresidente Martín Vizcarra. El retorno a las dos cámaras contempla la elección de 130 Diputados y de 60 Senadores, sin impedimento de reelección de los actuales congresistas de la república, pero, además tanto diputados, como los senadores, pueden ser reelegidos en el mismo cargo por un periodo adicional. Es decir, con esta fórmula, los actuales congresistas pueden jubilarse como padres de la patria.
No obstante, la cosa no queda allí, dentro de las reformas planteadas, específicamente el artículo 99, el Congreso tiene las facultades de remover a los miembros del JNE, ONPE y Reniec, como preparando el camino para la destitución de Jorge Luis Salas Arenas (JNE) y Piero Corvetto (ONPE), quienes no hicieron eco a las denuncias de fraude del fujimorismo y sus aliados en las elecciones presidenciales del 2021.
Con captura de los organismos electorales, la reelección de los congresistas estaría asegurada, dando paso a un tercer y definitivo intento de vacancia de Pedro Castillo. Sin embargo, previamente tendrían que resolver un par de asuntos: La primera es la censura del premier que implicaría gastar una bala de plata y ponerse al filo de la disolución, lo cual no les conviene, y segundo, si destituyen a Dina Boluarte primero resultaría más difícil llegar a un acuerdo para vacar a Castillo por el fantasma de las elecciones generales. Esta última sería la razón por la que no hubo quorum en la subcomisión de asuntos constitucionales para evaluar la acusación constitucional en contra de Dina Boluarte.
El golpe es final y definitivo, la vacancia es un asunto de tiempo y de los votos de los que hoy gritan vacancia, pero que sus estómagos y el hambre de poder los contiene.