El Ministerio de Energía y Minas declaró de interés nacional el proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, mediante la Resolución Ministerial N.° 121-2026-MINEM/DM, emitida el 19 de marzo de 2026.
ALCANCE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
La medida comprende un proyecto de la empresa Southern Peru Copper Corporation que se desarrollaría en 34 concesiones mineras ubicadas en los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, en la provincia de Islay.
Como parte de esta declaratoria, se propone la reserva de 2,002.5089 hectáreas de terrenos estatales, distribuidas en 11 predios, por un periodo de cuatro años. Esta condición permitiría gestionar la adquisición de los terrenos necesarios mediante compraventa directa, conforme a la normativa de bienes estatales.
CONDICIÓN CLAVE DE LA RESOLUCIÓN
Uno de los puntos centrales de la resolución establece que la declaratoria de interés nacional no constituye una autorización para ejecutar el proyecto ni habilita, por sí misma, el inicio de actividades mineras.
El documento precisa que la empresa titular está obligada a cumplir con todas las normas vigentes, así como a obtener las licencias, permisos y autorizaciones administrativas correspondientes antes de cualquier intervención.
Además, se advierte que el incumplimiento de estas disposiciones podría generar procedimientos administrativos sancionadores, sin perjuicio de eventuales responsabilidades civiles y penales.
SUSTENTO TÉCNICO Y LEGAL
La decisión se sustenta en informes técnicos de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera y de la Dirección General de Minería, los cuales señalan que el proyecto podría generar impactos económicos a nivel local, regional y nacional.
Entre los efectos mencionados se incluyen la ejecución de inversiones, generación de empleo directo e indirecto, dinamización económica e incremento de la recaudación fiscal. Asimismo, se estima un periodo de ejecución de 22 años.
Desde el punto de vista legal, la declaratoria se enmarca en la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que permite identificar y reservar predios del Estado para proyectos considerados de interés nacional.
IMPLICANCIAS DE LA DECLARATORIA
La resolución también habilita a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales a intervenir en los procesos de saneamiento físico-legal de los predios involucrados, así como en su eventual disposición.
No obstante, la norma delimita claramente que la declaratoria es un paso dentro del procedimiento administrativo y no reemplaza las evaluaciones técnicas, ambientales y sociales que el proyecto debe cumplir en etapas posteriores.
En ese sentido, la ejecución del proyecto dependerá del cumplimiento integral de los requisitos establecidos por las entidades competentes.
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