Tras el brutal asesinato de 13 personas en el distrito de Pataz, región La Libertad, la presidenta Dina Boluarte anunció este lunes medidas excepcionales para recuperar el control del territorio y enfrentar con firmeza a los responsables del crimen que ha conmocionado al país.

La mandataria adelantó que en un plazo máximo de 48 horas se impondrá un toque de queda en la zona, y que las Fuerzas Armadas asumirán el control territorial para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, se instalará una base militar permanente en la provincia con el fin de asegurar una presencia sostenida del Estado.

Además, el Ejecutivo solicitará al Congreso la delegación de facultades legislativas para aprobar medidas urgentes contra el denominado “terrorismo urbano”, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico y actuar con mayor contundencia frente a estas acciones criminales.

Otra de las medidas anunciadas incluye la suspensión total de actividades mineras en el distrito por un periodo de 30 días, lo cual comprende también la paralización de operaciones inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). El objetivo es facilitar las labores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante la intervención.

Previamente, la presidenta expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reafirmó el compromiso de su gobierno de enfrentar sin titubeos a las organizaciones delictivas que amenazan la paz y el orden en esta parte del país.

En la reunión de alto nivel participaron el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; los titulares de Justicia, Eduardo Arana, e Interior, Julio Díaz; el gobernador regional de La Libertad, César Acuña; el jefe del Comando Conjunto, general David Tejada; y el director general de la Policía Nacional, general Víctor Zanabria.

Durante el encuentro, se precisó que el Ejecutivo activó los protocolos desde que se conocieron los hechos, pero que la empresa minera inicialmente negó que hubiese ocurrido un secuestro. “Cuando el Estado otorga una concesión minera, la responsabilidad sobre lo que ocurra en esa jurisdicción recae en la empresa, al tratarse de propiedad privada”, se señaló.