La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, informó que el desalojo ejecutado por la Procuraduría del Gobierno Regional en la zona de Pampa Guaneros, distrito de San Antonio —donde la empresa Tower and Tower pretendía instalar la planta de relleno sanitario Huatipuka— se desarrolló con éxito.
“Ya ustedes saben que la Procuraduría del Gobierno Regional es un ente autónomo y, en ejercicio de sus competencias y funciones, ha procedido con este desalojo”, señaló la autoridad regional. Agregó que el Gobierno Regional brindó el apoyo logístico necesario para el cumplimiento de la medida.
“Un desalojo no se da de un día a otro. Es una acción que hay que planificar en articulación con diferentes entidades, como la Policía Nacional y Bienes Nacionales. Ha sido un trabajo bien planificado”, explicó.
Gutiérrez apuntó que durante la intervención hubo resistencia por parte de la empresa Tower and Tower, situación que fue advertida a través de los medios de comunicación. “Lamentablemente hemos podido todos ver la negativa y la resistencia que ha presentado la empresa. Entiendo que el procurador ha hecho ya las denuncias correspondientes”, precisó.
Asimismo, confirmó que la información recibida por su despacho da cuenta de que el desalojo se concretó por completo. “La información que nosotros hemos recibido es que se ha logrado desalojar por completo, es decir, el desalojo ha sido un éxito, con las demoras que han existido, pero finalmente se ha concretado”, sostuvo.
Finalmente, la gobernadora señaló que para el Gobierno Regional el tema está cerrado. “Hay que ser respetuosos de la ley y, si la empresa considera necesario, podrá ejercer las acciones que estime convenientes en defensa de sus derechos. Eso ya es ajeno al Gobierno Regional”, concluyó.
GERENTE DE TOWER AND TOWER ADVIERTE INTERESES POLÍTICOS
Por su parte, el gerente zonal sur de la empresa Tower and Tower, Howard Vargas, calificó de “arbitrario y carente de sustento técnico” el desalojo ocurrido en el campamento del proyecto Huatipuka, donde la compañía desarrolla un plan orientado, según señaló, a fortalecer las acciones de mitigación ambiental. Vargas cuestionó la actuación de las autoridades que participaron en el operativo, señalando que “priorizan intereses políticos y particulares por encima del desarrollo y la sostenibilidad ambiental”.
Durante su declaración, el representante de la empresa sostuvo que el proyecto ha sido “malinterpretado y politizado”, especialmente en un contexto preelectoral, donde, según dijo, algunos actores buscan aprovechar el conflicto para ganar protagonismo. “Nos acusan sin argumentos técnicos de ser una empresa contaminante, cuando nuestro objetivo es reducir los impactos ambientales y manejar los residuos de manera responsable”, enfatizó.
Vargas también criticó la falta de claridad legal en el procedimiento de desalojo, indicando que la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y el procurador público actuaron sin haber sido debidamente notificados, generando “un proceso irregular y caótico”. Aseguró que la empresa cuenta con sustento jurídico amparado en la Ley de Concesiones Mineras No Metálicas, que, afirmó, le otorga el derecho al uso de la superficie para operar.
Finalmente, exhortó a las autoridades a actuar con transparencia y abrir espacios de diálogo antes de tomar decisiones que afecten a ambas partes. “No somos una empresa minera ni operamos ilegalmente. Solo pedimos que se nos escuche y se respete la ley”, expresó el gerente, tras reiterar que Tower and Tower esperará la resolución del Poder Judicial para continuar con el proyecto.
