POR: JULIO FARFÁN VALVERDE [UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – UDI]
La investigación del caso “Corrupción 4×4” ha dado un paso decisivo. Las investigaciones y denuncias periodísticas de la Unidad de Investigación (UDI) de Prensa Regional, que advertían presuntas irregularidades e ilegalidades en procesos de contratación dentro del Gobierno Regional de Moquegua y la Sub Región Ilo, fueron cuestionadas por la propia gobernadora regional, así como por algunos funcionarios y sectores afines a la actual gestión, quienes intentaron desacreditar nuestra labor periodística calificándola de “mentirosa” y “sensacionalista”.
Sin embargo, la reciente disposición fiscal demuestra que dichas denuncias no constituían exageraciones mediáticas, sino hechos que, pese a la sospechosa y cuestionada lentitud en la actuación fiscal, han sido considerados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios lo suficientemente graves como para ser investigados penalmente y tipificados como delitos, en atención a la abundante evidencia proporcionada por La Prensa Regional.
LA DISPOSICIÓN FISCAL QUE CONFIRMA LA INVESTIGACIÓN
Se trata de la Disposición Fiscal N.º 38-2026, emitida el 9 de enero de 2026 dentro de la Carpeta Fiscal N.º 293-2023, documento que se mantenía hermético y al cual tuvo acceso la Unidad de Investigación de Prensa Regional. Mediante esta disposición, el fiscal Víctor Arturo Muñoz Leyva dispuso dar por concluida la investigación preparatoria seguida contra la primera autoridad regional, su hermana, su cuñadísimo, funcionarios públicos y particulares vinculados a empresas arequipeñas favorecidas con presuntas contrataciones direccionadas.
La investigación comprende dos hechos principales relacionados con procesos de contratación realizados durante la actual gestión regional y que habrían beneficiado a empresas vinculadas al entorno familiar de la gobernadora regional Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala.
HECHO 1: CONTRATACIONES INVESTIGADAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
El primer hecho investigado se refiere a presuntas irregularidades en contrataciones realizadas en el Gobierno Regional de Moquegua, caso revelado inicialmente por investigaciones periodísticas de Prensa Regional y posteriormente conocido como el caso “Corrupción 4×4”.
De acuerdo con la disposición fiscal, los hechos fueron investigados por la presunta comisión de los delitos de colusión simple, prevista en el artículo 384 del Código Penal, como calificación principal, y negociación incompatible, prevista en el artículo 399 del Código Penal, como calificación subordinada.
En este hecho, en calidad de autores, figuran Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, Marleni Rocío Bohorques Cosi, Yimber Renzon Guillén Chura, José Chambi Purguaya y Henrry Renzo Ticona Condori.
Asimismo, en calidad de cómplices aparecen Katherine Fiorella Gutiérrez Ayala, Luis Yonathan Sanca Umiyauri, Luis Sanca Coaquira, Patricio José Alvis Pacheco, Isamar Patty Aquima Sotomayor, Irving Isbert Dueñas Vásquez y Cinthia Llayeri Vilca.
Las investigaciones de la UDI de Prensa Regional indicaban que diversas contrataciones de bienes y servicios habrían sido direccionadas hacia empresas vinculadas a Luis Yonathan Sanca Umiyauri, quien en ese momento mantenía una relación sentimental con Katherine Gutiérrez Ayala, hermana de la gobernadora regional.
HECHO 2: CONTRATACIONES INVESTIGADAS EN LA SUB REGIÓN ILO
El segundo hecho investigado corresponde al caso denominado “Los Waykis de la Colusión” en la Sub Región Ilo, investigación periodística que reveló presuntos actos de corrupción vinculados también a Luis Sanca Umiyauri y a contrataciones direccionadas a las mismas empresas arequipeñas operadas por su entorno, incluso desde el periodo de campaña electoral 2022 de Gilia Gutiérrez Ayala.
Durante la segunda vuelta electoral y en los últimos meses del año 2022 se habrían favorecido empresas vinculadas a Luis Yonathan Sanca Umiyauri, que recibieron cinco órdenes de servicio relacionadas con el proyecto de mantenimiento del patio de honor de la I.E. Mercedes Cabello de Carbonera, en Ilo. Estas contrataciones se habrían realizado en presunta colusión con funcionarios de la Sub Región Ilo, unidad ejecutora del Gobierno Regional de Moquegua.
Ya en el año 2023, durante la gestión de Gilia Gutiérrez Ayala como gobernadora regional, se habrían continuado realizando contrataciones de bienes y servicios direccionadas a favor de las empresas operadas por la pareja sentimental de su hermana.
En este caso, el Ministerio Público también concluye la investigación preparatoria y tipifica los hechos como presuntos delitos de colusión simple, como calificación principal, y negociación incompatible, como calificación subordinada.
En calidad de autores aparecen Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, Leyder Nelson Riveros Pariona, Karen Lisset García Pastor, Jonathan Arthur Aguilar Carpio, Milagros Carmen Cutipa Anco, Samara Avelina Soto Paredes y Helene Yaniry Bellido Manrique.
Mientras que en calidad de cómplices figuran Katherine Gutiérrez Ayala, Luis Yonathan Sanca Umiyauri, Mhariollyn Elvira Bustamante Hilario, Irving Isbert Dueñas Vásquez, Mauro Huamaní Montañez, Isamar Patty Aquima Sotomayor y Patricio José Alvis Pacheco.
Las investigaciones analizan presuntas contrataciones que habrían favorecido nuevamente a empresas vinculadas al mismo entorno empresarial investigado en el primer hecho.
La Fiscalía, en dicha disposición, indica que emitirá su pronunciamiento dentro del plazo legal establecido en el artículo 344° del Código Procesal Penal. Asimismo, se puso en conocimiento de los demás sujetos procesales y del juzgado competente.
Este plazo de 45 días hábiles desde la emisión de la disposición fiscal, el 9 de enero de 2026, ya se habría cumplido el fin de semana pasado, el 13 de marzo de 2026, por lo que el Ministerio Público debió presentar la acusación fiscal correspondiente ante el Juzgado de Investigación Preparatoria.
EL CAMBIO EN LA TIPIFICACIÓN DE UNO DE LOS DELITOS
Uno de los aspectos más relevantes de la disposición fiscal es la modificación en la calificación jurídica del delito investigado.
Cuando el fiscal Víctor Muñoz Leyva dispuso inicialmente la formalización de la investigación preparatoria, los hechos fueron imputados como delito de colusión agravada, figura penal que se configura cuando la concertación ilegal entre funcionarios y particulares produce perjuicio económico al Estado.
No obstante, en la reciente disposición de conclusión de la investigación preparatoria, el mismo fiscal consigna los hechos como colusión simple, lo que implica una figura penal con sanciones significativamente menores.
Este cambio genera cuestionamientos, considerando que las contrataciones investigadas habrían sido ejecutadas y pagadas con recursos públicos, tanto por el Gobierno Regional de Moquegua como por la Sub Región Ilo, lo que podría implicar la existencia de un perjuicio económico para el Estado.
EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN: LAS DENUNCIAS PERIODÍSTICAS
Gran parte de las evidencias que dieron origen a esta investigación fueron obtenidas por la Unidad de Investigación de Prensa Regional, que durante meses recopiló imágenes, videos, grabaciones, documentos administrativos, registros de contrataciones, órdenes de servicio y vínculos empresariales, los cuales fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público.
Durante ese periodo, las denuncias periodísticas fueron objeto de críticas y descalificaciones por parte de algunos sectores que intentaron presentarlas como exageraciones o ataques políticos. Sin embargo, la propia investigación fiscal ha determinado que los hechos denunciados contaban con sustento y evidencias suficientes para ser investigados penalmente.
Esta investigación iniciada en el año 2023 reveló un sofisticado esquema de colusión y direccionamiento de contratos públicos en el Gobierno Regional de Moquegua y su conexión con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), operado por una red de empresas fachada vinculadas familiar y sentimentalmente con la gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala. La red estaría conformada por su hermana Katherine Gutiérrez Ayala, funcionaria del GRA; y su cuñado (pareja de su hermana), Luis Yonathan Sanca Umiyauri, principal operador del circuito empresarial.
Se detectó decenas de contrataciones de bienes y servicios fueron direccionadas hacia empresas vinculadas a Sanca y su entorno, todas con vínculos familiares o de confianza, domiciliadas en Arequipa y con representantes legales que actuaban como testaferros. La principal empresa, AQSA Asesoría y Construcción S.A.C., fue utilizada como fachada para captar contratos millonarios a través de procesos que excluyeron a proveedores locales.
Además, la investigación periodística dio a conocer que el personal de logística tanto en la Subregión Ilo como en la sede central del Gobierno Regional de Moquegua direccionaba los procesos de contratación exclusivamente a empresas de Arequipa controladas por Luis Sanca Umiyauri, evitando toda competencia real. Este patrón estructural fue determinante para sostener el esquema de colusión.
Se reveló que la gobernadora mintió ante el Ministerio Público. Las investigaciones periodísticas de La Prensa Regional contradicen directamente las declaraciones que la gobernadora brindó al Ministerio Público, donde afirmó haber visto a Sanca solo dos o tres veces. Fotografías, videos y testimonios revelan lo contrario: se les ve juntos en celebraciones privadas, incluyendo cumpleaños y reuniones familiares, lo que demuestra una relación cercana y constante.
LA VERDAD, ANTE TODO
El periodismo de investigación cumple precisamente esa función: vigilar la administración de los recursos del Estado, exigir transparencia a las autoridades y garantizar que la ciudadanía esté debidamente informada.
En ese sentido, el compromiso de Prensa Regional se mantiene firme: continuar investigando y comunicando con responsabilidad hechos de interés público, en defensa del derecho de la población a conocer la verdad.
