POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
Este miércoles 8 de enero, a las 10:00 a. m., se llevó a cabo de manera virtual el inicio del juicio oral contra Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, gobernadora regional de Moquegua, quien enfrenta cargos por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. La audiencia fue presidida por el juez Luis Antonio Talavera Herrera, del Tercer Juzgado Unipersonal de Moquegua, mediante la plataforma Google Meet.
El proceso, que había sido suspendido anteriormente tras la presentación de un certificado médico por parte de la defensa de Gutiérrez, finalmente se formalizó en esta sesión, luego de cuestionamientos por su presencia en actividades políticas pese a alegar problemas de salud. La imputada estuvo acompañada de su abogado defensor Erwin Siccha Pérez (que también defiende a Martín Vizcarra Cornejo), mientras que el fiscal Roberto Miguel Giraldo Cadillo representó al Ministerio Público.
ANTECEDENTES DEL CASO
El Ministerio Público acusa a Gilia Gutiérrez de haber presentado información falsa en su Declaración Jurada de Hoja de Vida durante las elecciones regionales y municipales de 2022. Según la acusación, la entonces candidata omitió declarar la posesión de cinco inmuebles registrados a su nombre en los Registros Públicos, todos ubicados en el valle de Omate, Moquegua.
Los predios involucrados incluyen:
Predio rural en Challguayo-Coacho (Partida Registral N° 05046630).
Predio rural en Challguayo-Coacho (Partida Registral N° 05046633).
Predio rural en La Joya-El Olivar (Partida Registral N° 05048057).
Predio rural en La Joya-Santa Rosa (Partida Registral N° 05067101).
Predio rural en Omate-La Cata (Partida Registral N° 11012105).
El Ministerio Público sostiene que esta omisión vulnera los principios de transparencia y veracidad establecidos en los procesos electorales, configurando el delito tipificado en el artículo 411 del Código Penal. Este artículo contempla penas de uno a cuatro años de prisión para quienes realicen declaraciones falsas en procedimientos administrativos.
AUDIENCIA DE JUICIO ORAL: DEFENSA CONTROVERTIDA
En el marco de la audiencia de juicio oral contra Gilia Ninfa, gobernadora regional se destacaron dos aspectos clave: la controvertida actuación del abogado defensor Erwin Siccha y los argumentos presentados en defensa de su patrocinada.
Durante la sesión, el abogado de Gutiérrez adoptó una estrategia cuestionable al realizar interrogatorios a los testigos presentados por el Ministerio Público. Su forma de proceder fue considerada por algunos como un intento de intimidar a los testigos, formulando preguntas y repreguntas en tono agresivo, interrumpiendo sus respuestas y dificultando que ofrecieran explicaciones completas y precisas.
En lugar de permitir que los testigos se expresaran libremente, Siccha los enfrentó de manera que parecían ser ellos los imputados. Este comportamiento generó críticas, especialmente porque el juez Luis Antonio Talavera Herrera, encargado del caso, permitió que continuara sin intervenir de forma significativa.
Por otro lado, el fiscal Roberto Giraldo Cadillo, representante del Ministerio Público, enfrentó restricciones por parte del juez, quien en reiteradas ocasiones limitó o negó sus solicitudes para realizar preguntas adicionales a los testigos, dificultando un desarrollo fluido de la audiencia.
NARRATIVA RECURRENTE EN LA DEFENSA
La línea de defensa presentada por Siccha se centró en argumentar que Gilia Gutiérrez Ayala no llenó personalmente los documentos en cuestión, incluidos su hoja de vida y declaración jurada. Según la defensa, estos documentos fueron elaborados por la personera legal del partido político Somos Perú, señalando que la responsabilidad de omitir información sobre los bienes inmuebles de Gutiérrez recaería en esta persona.
Asimismo, el abogado argumentó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también tendría parte de la responsabilidad, al ser la entidad encargada de verificar la información de los candidatos a través de los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Según esta versión, la gobernadora no tendría responsabilidad administrativa ni penal en el presunto delito de falsa declaración en proceso administrativo.
La misma estrategia de defensa fue utilizada anteriormente en el recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por Gutiérrez, alegando la inexistencia de delito en los hechos imputados. Sin embargo, dicha apelación fue evaluada y desestimada por la sala penal, que emitió una resolución confirmando la continuidad del proceso judicial.
Cabe recordar que en setiembre de 2024, la Sala rechazó los argumentos de la defensa, enfatizando que la normativa electoral establece la responsabilidad exclusiva de los candidatos sobre la veracidad y precisión de la información consignada en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV). Según el artículo 17.6 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Regionales 2022:
«La información contenida en el Formato Único de DJHV es de exclusiva responsabilidad de cada candidato, quien asume las consecuencias jurídicas de consignar información falsa, incompleta o no actualizada.»
En su resolución, el tribunal destacó que la obligación de verificar y garantizar la autenticidad de los datos corresponde únicamente al candidato, independientemente de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pueda complementar dicha información.
En este contexto, concluyó que la conducta de Gutiérrez Ayala no solo resulta administrativamente reprochable, sino que también configura un delito penal, al incumplir con su deber de garantizar la veracidad de su declaración.
SIGUIENTE AUDIENCIA
En esta primera audiencia de apertura de juicio, declararon como testigos Jesús Enrique Espezua Ortiz, quien se desempeñó como fiscalizador del Jurado Electoral Especial de Moquegua, y Jessica Elisa Clavijo Chipoco, quien ocupó el cargo de directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El juicio se reanudará la próxima semana, programándose la siguiente audiencia del juicio oral para el martes 14 de enero a las 15:00 horas. En esta sesión, declararán los testigos restantes, y se ha aceptado como nueva testigo de Gilia Gutiérrez a Yolanta Ccallata Cueva. Cabe señalar que para esta segunda audiencia no será necesaria la presencia de la acusada.
