La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, responsabilizó a personeros de su organización política por la presunta omisión de cinco predios en su hoja de vida presentada durante las elecciones regionales de 2022, en el marco del proceso judicial que afronta por el presunto delito de falsa declaración.
La autoridad regional acudió este viernes a una audiencia junto a su abogado, Erwin Siccha, para responder a la acusación formulada por el Ministerio Público, que sostiene que cuando postuló al Gobierno Regional por el partido Somos Perú no habría consignado cinco bienes inmuebles registrados a su nombre.
Durante su intervención ante el magistrado, Gutiérrez afirmó que sí declaró sus propiedades en los formatos físicos entregados al partido político y aseguró que la responsabilidad de trasladar la información al sistema virtual del Jurado Nacional de Elecciones recaía exclusivamente en los personeros legales.
“Mi responsabilidad jurídica culminó cuando entregué este formato físico de declaración jurada de hoja de vida a la entonces personera regional Claudia Verónica Arias. Ella misma me indicó que esa información debía ser trasladada al sistema del Jurado Nacional de Elecciones, pero también me precisó que dicha tarea era responsabilidad exclusiva del personero legal nacional”, sostuvo.
La gobernadora señaló además que nunca tuvo acceso al sistema informático “Declara”, ni contó con claves para ingresar o modificar información en la plataforma electoral. Según indicó, tampoco firmó digitalmente los documentos cargados al sistema.
“No se me puede atribuir responsabilidad penal por el manejo de un sistema informático al cual nunca tuve acceso, ni por actos u omisiones administrativas de terceras personas”, manifestó durante la audiencia.
Asimismo, expresó su preocupación por la existencia de documentos virtuales con fechas distintas y sostuvo que desconoce las razones por las que actualmente aparecen dos anexos diferentes en el sistema del JNE.
La defensa legal de Gutiérrez argumentó que el caso podría sentar un precedente peligroso para futuros candidatos, al considerar que se estaría atribuyendo responsabilidad penal a postulantes por acciones realizadas posteriormente por personeros encargados del registro virtual de información electoral.
La gobernadora reafirmó su confianza en el sistema judicial y solicitó una sentencia absolutoria, señalando que actuó conforme a los lineamientos establecidos por su agrupación política y las normas electorales vigentes.
