Nuevamente desde la sociedad civil se toma la iniciativa de que el gas del sur sea de beneficio, en prioridad, para el sur del país. Larga es la historia acerca del gas de Camisea y siempre la contradicción entre el interés particular de los inversores que solo miraban al yacimiento para la exportación en su estado natural y sin mayores regalías para la zona de la explotación gasífera. Los lobbies para buscar los mayores beneficios eran continuos en las esferas gubernamentales, hoy sabemos que hubo casos de corrupción. Continuó la orientación del gas hacia el mercado capitalino y la región del sur a merced del desamparo.
La creatividad de los investigadores sociales, de las organizaciones no gubernamentales, gremios profesionales, gobernantes regionales y locales propusieron la construcción de un gasoducto para darle seguridad energética a todos los departamentos del sur, industrializar el gas con la propuesta de la petroquímica, asegurar el consumo doméstico y vehicular y proponer polos energéticos con insumos limpios y de menor costo. Lo que se buscaba era que el sur sea competitivo con sus insumos ante el norte y el centralismo.
Está en circulación un borrador de carta realizada por una comisión redactora y encargada por el Evento de Centros Sociales, Universidades y gremios de la sociedad civil sobre el tema dirigido al Presidente de la Republica, Ministerio de Energía y Minas y a los gobernadores regionales en la que se les solicitan informes acerca de las acciones tomadas y al mismo tiempo, a los últimos requerirles un pronunciamiento sobre la situación actual del Proyecto Gasoducto Sur Peruano.
En ella se expresa que el gasoducto está paralizado desde febrero de 2017 debido a la corrupción ocasionado por las componendas de funcionarios y otros con la Empresa Odebrecht que trajo como consecuencia el corte del financiamiento del proyecto y la incorporación en las investigaciones del Lava Jato brasileño. Agreguemos que la empresa española Enagás socia del consorcio, a pesar del incumplimiento, ha presentado una querella judicial el “Estado del Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por 1980 millones de dólares, de los cuales espera obtener para sí unos 500 millones de dólares” (1).
Recordemos que el proyecto se suspendió cuando se tenía un 35% de avance y 1500 millones US$ de inversión tanto en infraestructura, así como de todo un conjunto de tuberías que están depositadas en almacenes con el riesgo de robo y deterioro corrosivo. Se menciona que “el cuidado de las instalaciones construidas y los materiales adquiridos representa un gasto de 50 millones de dólares anuales”.
De otro lado, añádase el Estado al no haber garantizado la llegada del gas a los polos energéticos del sur (Kallpa y Engie) por la “remuneración garantizada” (2) asume el compromiso desde que iniciaron la operación comercial de las centrales en el 2016, y por este concepto se estima en 240 millones de dólares y mientras el gas no llegue ellas funcionan con otros insumos como el carbón y el petróleo elevando sus costos productivos.
En la actualidad todo lo convenido con Odebrecht está en revisión porque todo es sospechable por las propias declaraciones de Barata, si bien todavía no hay una investigación definitiva no es menos cierta que la licitación del 2013 que realizo Proinversión fue otorgado en concesión con una elevada “suma de 7,328 millones de dólares, de los cuales solo 4,600 millones de dólares representaban la inversión y el resto los costos de operación y mantenimiento por 30 años. Proinversión condujo la licitación con un criterio absolutamente centralista, sin considerar la opinión ni la participación de las autoridades de la Macrorregión Sur” (3). En enero del 2017 se resolvió el contrato y desde ese tiempo hasta ahora no se ha retomado el proyecto.
El gasoducto sur peruano es el más importante proyecto estratégico para el sur del país, no abaratara los costos en las industrias, reduciría los precios de consumo de gas domiciliario y vehicular e industrializaría el gas a través de la petroquímica. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) contrato a una empresa internacional Mott Mac para saber cuál sería la nueva ruta del gasoducto ha confirmado que el trazo actual ejecutado es mejor que cualquier otra transportada por cabotaje o un gasoducto costero desde la planta de Melchorita.
Lamentablemente este proyecto está congelado, al respecto Proinversión solo evalúa la rentabilidad económica y no suma la social. Las reservas gasíferas son mayores que en el ayer. Ha llegado la hora de reiniciar el proyecto, realizar una licitación trasparente con asesoría internacional que sume la posibilidad petroquímica y las alianzas estratégicas con Bolivia, la distribución de gas a domicilio y la venta en todos los grifos del sur. “Las reservas probadas de Camisea ascienden a 12.3 billones de pies cúbicos, volumen suficiente para darle sostenibilidad a esta iniciativa. Además, las características del gas natural de los lotes 88 y 58 hacen viable también la petroquímica del etano. Esto permitirá incrementar el impacto del proyecto en cuanto a la incorporación del valor agregado y la generación de empleo, rentabilizando en mayo medida este recurso agotable” (4).
