POR: JORGE ACOSTA ZEVALLOS (ECONOMISTA)
En el debate electoral nuevamente ha sido puesto en agenda el proyecto de Gasoducto Sur Peruano, se está planteando la nacionalización del recurso gasífero cambiando primero la Constitución vigente y darle seguridad energética al futuro del sur del país. Por otro lado, la otra propuesta electoral se enuncia sustanciales cambios sustentando que se debe respetar los contratos vigentes en los pozos de complejo de Camisea y no perder la credibilidad internacional del capital financiero.
Para entender mejor el tema anotamos los apuntes tomados del XXXIV Curso virtual “Gas natural y el desarrollo del sur del Perú” organizado por Propuesta Ciudadana, sobre todo la exposición de la especialista Marusia Ruiz Caro quien destaca que lo central del gas de Camisea históricamente ha sido y es posible que el Estado peruano debe decidir sobre el destino de este natural tan vital y trascendental para la economía nacional. Si nos adaptamos a la actual normatividad vigente el Estado no puede intervenir porque resulta que no es dueño de la molécula gasífera, está la poseen los contratistas explotadores de los pozos de Camisea que lo destinan principalmente para la exportación antes que el consumo interno.
La pregunta lógica es por qué Colombia y Bolivia si pueden diversificar el uso del gas a bajo costo internamente para el consumo de decenas de ciudades y la industrialización petroquímica; y el Perú no lo puede hacer. Hasta los primeros años del presente milenio el Estado era dueño del recurso natural petrolero o gasífero, si, por ejemplo, Petro Perú contrataba a una empresa extranjera para explorar la búsqueda del recurso petróleo o gas y este se encontraba, la propiedad era de la empresa pública estatal que a su vez pagaba a la empresa por el servicio de la búsqueda.
En otras palabras, el recurso del subsuelo y del que afloraba a la superficie eran propiedad de la empresa estatal.
Con el descubrimiento de los yacimientos de gas en Camisea los lobistas en complicidad de los gobiernos de turno cambiaron la legislación gasífera y disponen que las contratistas exploradoras del gas una vez obtenido del subsuelo y puesto en superficie el recurso natural se adueñaba de este, lo podían disponer libremente, se les exoneraba de impuestos y pagaban una regalía negociada para cada contrato. Se argumento que el sector privado es más eficiente que la empresa pública y que con este marco legal se atraería más inversión privada generando el desarrollo del país.
Y como si esto fuera poco, se cambió también la legislación que indicaba que el gas debería prioritariamente destinado al consumo interno consecutivamente renovado cada 20 años y dotar de un mecanismo de la una red principal para trasportar el gas a distintas regiones del país. Y como el gas no se puede exportar en estado gaseoso y para el caso debe ser convertido en liquido la nueva legislación facilito la instalación de nuevas plantas de licuación del gas para ser vendida al extranjero. Se construye la planta de Melchorita y se entrega el lote 56 de Camisea e inicialmente se autoriza el uso también del lote 88 orientándolo todo a la exportación. Posteriormente Humala recupera el lote 88 para el país, pero lo sustituyen el lote 57 y 58 en manos de contratistas privados.
La historia del gas es un ir y venir de intereses encontrados. No ha primado el interés nacional de contar con un recurso natural que le asegure el uso doméstico masivo sobre todo en el sur del país donde está el recurso natural, el gasoducto sur peruano resulto corrompido frustrado para la posibilidad de generación eléctrica y la petroquímica. La oferta del gas se orientó a la exportación antes que la demanda interna, la exportación no nos da beneficios, la seguridad energética del futuro no tiene el insumo a su servicio, la diversificación productiva, mejora de la calidad de vida y encaramiento del calentamiento global es un sueño (Cuadro 01).
En concreto: El Estado peruano no es dueño del recurso, no puede orientarlo hacia el beneficio colectivo porque está atrapado por todo un conjunto de leyes realizadas a semejanza de las contratistas. Par revertir este andamiaje normativo la salida es el cambio constitucional en la que el Estado peruano nacionalice el recurso del suelo y subsuelo y lo oriente al plan de desarrollo energético nacional. Y cuando decimos nacionalización no estamos afirmando estatización. Ello si es posible realizarlo tal como lo han hacen otros países incluso en el marco de una economía de mercado.