A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, la situación judicial del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, volvió a cobrar relevancia luego de que la Fiscalía formalizara una acusación en su contra y solicitara una pena de cinco años y cuatro meses de prisión por presuntas irregularidades vinculadas al financiamiento de su organización política.
Durante una audiencia judicial, la fiscal adjunta provincial Gladys Huete Gutiérrez sustentó la acusación contra Sánchez por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información relacionada con aportaciones, ingresos y gastos partidarios reportados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La representación fiscal sostiene que el candidato habría presentado información inexacta sobre los estados financieros correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, así como respecto a los ingresos y gastos de campaña para las elecciones congresales de 2020.
ACUSACIONES POR APORTES PARTIDARIOS
Entre los hechos observados figura la declaración de un supuesto aporte en especie por el uso de un local partidario valorizado en S/ 27 400. Según la tesis fiscal, el presunto aportante negó haber realizado dicha contribución durante las investigaciones efectuadas por la ONPE.
Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público solicitó la inhabilitación permanente de Sánchez para ejercer cargos dentro de la organización política Juntos por el Perú.
JUEZ DISPONE NUEVA REVISIÓN DE LA ACUSACIÓN
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que la acusación fuera considerada subsanada conforme a lo dispuesto por una Sala de Apelaciones para permitir el inicio del juicio oral. Sin embargo, el juez Adolfo Farfán rechazó dicho planteamiento y determinó que, al existir modificaciones en la acusación, corresponde realizar un nuevo control formal y sustancial del requerimiento fiscal.
La decisión obliga a una nueva evaluación del expediente y de los elementos probatorios antes de que el caso pueda avanzar a la etapa de juzgamiento.
Por otro lado, la Fiscalía retiró de manera formal la acusación por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas, en cumplimiento de una resolución emitida previamente por una Sala Penal de Apelaciones.
AUDIENCIA FUE REPROGRAMADA
Paralelamente, el Poder Judicial reprogramó la audiencia de control de acusación para el próximo 4 de junio a las 3:00 de la tarde. La decisión fue adoptada por el juez Juan Mercado Cahuana debido a la carga procesal existente.
La Fiscalía también mantiene la hipótesis de que Sánchez y su hermano Ricardo habrían desviado alrededor de S/ 280 mil pertenecientes a fondos partidarios hacia cuentas personales, investigación que continúa siendo materia de análisis judicial.
