La investigación preliminar del Ministerio Público logró reunir elementos suficientes de la existencia de una organización criminal diseñada para facilitar la resolución de los casos a favor de sus integrantes, que habría tenido como persona clave al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Wálter Ríos Montalvo.

Asimismo, se pudo establecer que dicha organización criminal habría estado diseñada mediante tres redes de corrupción, cada una de ellas integrada por funcionarios que son actualmente investigados en diversas instancias jurisdiccionales.

Una primera red interna habría estado integrada por jueces y personal administrativo de diversos juzgados; además, habría existido una red externa conformada por abogados litigantes y empresarios.

Finalmente, una tercera red que comprendería por el juez supremo César Hinostroza Pariachi y exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, quienes habrían coordinado la designación de jueces y fiscales.

La fiscal especializada contra la criminalidad organizada del Callao, Rocío Sánchez Saavedra, solicitó 36 meses de prisión preventiva contra 13 presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, desarticulada el pasado 29 de julio en un megaoperativo desarrollado en simultáneo en varios puntos de la capital tras una paciente labor de investigación que incluyó la interceptación legal de las comunicaciones telefónicas a magistrados y varios funcionarios del ámbito judicial.

El pedido fue presentado como parte de la formalización de investigación preparatoria contra el empresario Edwin Antonio Camayo Valverde. Asimismo, contra Gianfranco Martín Paredes Sánchez, John Robert Misha Mansilla, Jacinto César Salinas Bedón, Víctor Maximiliano León Montenegro, Juan Antonio Eguez Beltrán, Marcelino Meneses Huayra, Fernando Alejandro Seminario Arteta, Verónica Rojas Aguirre, Mario Américo Mendoza Ríos, José Luis Cavassa Roncalla, Carlos Antonio Parra Pineda y Nelson Aparicio Beizaga.

Todos ellos se encuentran inmersos en los presuntos delitos de criminalidad organizada, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y otros en agravio del Estado Peruano, de acuerdo a los resultados de la investigación fiscal.

El pedido fiscal fue remitido al Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, que tiene un plazo de 48 horas para fijar la fecha y hora de la audiencia de sustentación de cargos y del pedido de prisión preventiva.