La Fiscal Adjunta Provincial Miriam Velazco Valencia, dispuso, no formalizar, ni continuar con la investigación preparatoria, por los hechos denunciados por el abogado Carlos Ponce Arpasi, procurador público Anticorrupción Descentralizado de Moquegua, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en agravio del Estado – Gobierno Regional Moquegua.
Dejando a salvo que con mayores elementos de convicción e imputación adecuada puedan denunciar por delito de omisión de actos funcionales, de considerarlo pertinente, ante el Despacho Fiscal competente. Autoriza la suscrita por disposición superior al estar encargada del despacho por periodo vacacional del señor fiscal provincial.
LA DENUNCIA
La denuncia fue interpuesta por el abogado Carlos Ponce Arpasi, en su calidad de procurador público Anticorrupción Descentralizado de Moquegua, en contra de Rosmary Silva Acevedo, Wildor Ferrel Zeballos, José Hiraja Mendoza, Rafael Neira Vargas, Juan Barahona Sánchez, Johan Vílchez Zeballos, Yuddy Tapia Coaguila, Hugo Serrano Santos, Suyen Mercado Sosa, Iván Bedoya Salazar, Henry Mamani Bautista, Ángel Valdivia Tejada, Tito Guevara Flores, Edgardo Acevedo Velásquez, Freddy Zeballos Zeballos y los que resulten responsables, por el presunto delito de colusión y negociación incompatible en agravio del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG).
LOS HECHOS
Según los hechos de investigación, el procurador Anticorrupción denunció a todos los involucrados, por su actuación en 06 procesos de arbitrajes seguidos contra el PERPG.
De acuerdo ello, en los diferentes casos arbitrales, los responsables de la contestación de la demanda arbitral, que debía realizarse, no fue efectuada en su oportunidad por parte de los funcionarios del PERPG.
En otro caso, no cumplieron con presentar los alegatos y conclusiones, ni participaron en la audiencia de informes orales. No cumplieron con participar en la audiencia de ilustración de hechos. No se ofrecieron medios probatorios que respalden los argumentos. El demandado PERPG no ofreció medios probatorios, entre otros.
El denunciante, señala que las personas mencionadas habrían concertado y/o interesado indebidamente para defraudar al Estado mediante la omisión de actos en la defensa del mismo, que ocasionaron la pérdida de los procesos y finalmente con los adeudos por parte del proyecto para con el demandante. Los hechos serían subsumidos en el delito de colusión y negociación incompatible.
INFUNDADO
Por consiguiente, el fundamento principal de la denuncia de investigar como colusión o negociación incompatible cierto grado de irresponsabilidad por parte de los denunciados, ha sido prácticamente “desvirtuado”; por lo demás, no existe otro dato o indicio alguno que justifique la continuación de la investigación preparatoria por estos delitos.