POR. JULIO FARFÁN VALVERDE (UDI – DIARIO PRENSA REGIONAL)
Mientras en Moquegua reina el silencio e inacción de la fiscalía, el Ministerio Público de Arequipa avanza con paso firme: formalizó investigación penal contra Verónica Veliz Yampi por los presuntos delitos cometidos cuando fue jefa de Logística del Gobierno Regional de Arequipa (GORE Arequipa).
Hoy, Veliz Yampi, desde su cargo de confianza en la Subregión Ilo —designada como jefa de Logística por la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala—, se le vincula a la continuidad de la misma red de funcionarios y contratistas que operó en Arequipa y que ahora forma parte del escándalo de corrupción “4×4” en Moquegua.
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa emitió la Disposición Fiscal N.º 08, con fecha 28 de agosto de 2025, mediante la cual formaliza la investigación preparatoria contra varios imputados, principalmente los exjefes de Logística del GORE Arequipa, Verónica Veliz Yampi y Slender Alonso Andía Condo.
Asimismo, se incluye al proveedor Luis Yonathan Sanca Umiyauri y a la exgerente y socia de AQSA S.A.C., Paty Isamar Aquima Sotomayor, por la presunta comisión de los delitos de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de Cargo y Falsedad Genérica, en agravio del Estado Peruano y del Gobierno Regional de Arequipa.
Esta investigación penal tiene su origen en la denuncia periodística publicada por la Unidad de Investigación (UDI) de La Prensa Regional, que reveló cómo un grupo de funcionarios y empresarios habría articulado un entramado de empresas fachada para direccionar contrataciones en las regiones de Arequipa y Moquegua, aprovechando sus cargos y vínculos para manipular procesos públicos menores a ocho UIT.
La Disposición Fiscal N.º 08, no deja margen de duda: los hechos revelados por la UDI de Prensa Regional ya son materia penal en Arequipa. La resolución formaliza investigación preparatoria contra Verónica Beatriz Veliz Yampi, Luis Yonathan Sanca Umiyauri, Slender Alonso Andía Condo y Paty Isamar Aquima Sotomayor, por presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y falsedad genérica, en agravio del Estado Peruano.
DE LA PRENSA A LA FISCALÍA: LA RUTA DEL CASO
Según la disposición fiscal, el Ministerio Público reconoce expresamente que los hechos se desprenden de la denuncia periodística de la UDI de Prensa Regional, en la que se expuso el rol clave de Verónica Veliz Yampi, entonces jefa del Área de Adquisiciones del GORE Arequipa y actual jefa del Órgano Encargado de Contrataciones (Logística) de la Subregión Ilo, perteneciente al Gobierno Regional de Moquegua.
La investigación detalla que Veliz Yampi, durante el año 2022, habría aprobado y validado órdenes de servicio y compra por montos menores a ocho UIT, adjudicadas a la empresa AQSA Asesoría y Construcción S.A.C., pese a que los documentos presentaban inconsistencias legales y firmas apócrifas.
Entre las órdenes de servicio observadas figuran las N.º 4319, 5129 y 5286, vinculadas al alquiler de camionetas, maquinaria, servicios de capacitación y mantenimiento correctivo, todas suscritas por Verónica Veliz Yampi y el entonces jefe de Logística, Lic. Franklin Pinto Baca.
LA RED Y SUS NEXOS
La disposición fiscal establece que las empresas AQSA Asesoría y Construcción S.A.C., Servicios Lusal S.R.L., Nopat E.I.R.L., Transportes Yusdelan S.A.C. y Yoma Ingeniería E.I.R.L. habrían actuado de manera coordinada en los procesos de selección convocados por el Gobierno Regional de Arequipa.
Estas firmas se presentaban como supuestos competidores, pero compartían socios, números telefónicos y direcciones, y en todos los casos la buena pro terminaba adjudicándose a AQSA S.A.C.
Los informes fiscales revelan además que Luis Yonathan Sanca Umiyauri, socio de Servicios Lusal S.R.L., era quien gestionaba personalmente los contratos, acudiendo a las oficinas del GORE Arequipa para recoger órdenes de compra y servicio, conforme consta en el registro oficial de visitas.
En varios documentos se hallaron similitudes grafológicas en firmas y letras empleadas para recepcionar órdenes, lo que evidenciaría que la misma persona habría suscrito documentos por varias empresas.
Por su parte, Paty Isamar Aquima Sotomayor, quien fue gerente general y accionista de AQSA S.A.C. hasta julio de 2022, continuó firmando cotizaciones y declaraciones juradas incluso después de haber dejado el cargo, pese a que la SUNAT ya registraba como nuevo gerente al ciudadano venezolano Patricio José Alvis Pacheco.
Por este hecho, el Ministerio Público de Arequipa le imputa el delito de Falsedad Genérica.
Y como resulta evidente, se trata de la misma red de empresas vinculadas a Luis Sanca Umiyauri, el “cuñadísimo” de la gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala. No es casualidad que esta red opere nuevamente bajo su administración, junto al mismo grupo de funcionarios logísticos que ya actuaron en Arequipa. ¿Coincidencia? Todo indica que no. Más bien, sería una estrategia fraudulenta cuidadosamente armada para sacar provecho de los recursos del Estado.
LOS FUNCIONARIOS BAJO SOSPECHA
De acuerdo con la disposición, Verónica Veliz Yampi, jefa del Área de Logística del GORE Arequipa, y Slender Alonso Andía Condo, quien posteriormente asumió la Jefatura de la Oficina de Logística y Patrimonio, habrían actuado con interés indebido en los procesos de contratación, beneficiando de manera reiterada a AQSA S.A.C. y a otras empresas vinculadas, mediante adjudicaciones fraccionadas y direccionadas.
La Fiscalía sostiene que ambos funcionarios abusaron de su posición y omitieron verificar la autenticidad de los documentos presentados, configurando así el delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de Cargo, previsto en el artículo 399° del Código Penal.
Asimismo, se indica que Luis Yonathan Sanca Umiyauri sería el articulador del esquema empresarial, utilizando su relación con Yuver Yudin Umiyauri Quispe y Paty Isamar Aquima Sotomayor para mantener el control de varias empresas fachada, lo que permitió rotar y simular competencia entre los mismos beneficiarios.
EVIDENCIAS Y HECHOS CORROBORADOS
Los elementos de convicción reunidos por la Fiscalía incluyen órdenes de servicio y compra firmadas por Verónica Veliz Yampi durante los años 2022 y 2023, cuadros comparativos de cotización con coincidencia de oferentes, registros de visitas institucionales donde Luis Sanca Umiyauri figura como único visitante en las fechas de adjudicación y recojo de documentos, así como similitudes grafológicas detectadas en las firmas de varias empresas.
A ello se suma el Informe Técnico N.º 3419-2024-OL, emitido por la Oficina de Logística, que confirma la reiteración de contrataciones menores a ocho UIT en favor de AQSA S.A.C., evidenciando un patrón de direccionamiento sostenido.
En la Disposición Fiscal N.º 08 (28 de agosto de 2025), la Fiscalía consigna múltiples órdenes de compra y servicio que forman parte de la ruta investigada. Entre ellas destacan adquisiciones y servicios registrados entre agosto de 2022 y junio de 2023, con montos que van desde S/ 26,500.00 (veintiséis mil quinientos soles) hasta S/ 84,500.00 (ochenta y cuatro mil quinientos soles), correspondientes a materiales de construcción, mobiliario, herramientas, equipos eléctricos, computadoras, uniformes y servicios de mantenimiento.
Estos indicios llevaron al Ministerio Público a formalizar la investigación preparatoria y disponer nuevas diligencias: pericias grafotécnicas, declaraciones de testigos y recolección de pruebas documentales destinadas a determinar la responsabilidad penal de los implicados.
DE LO PERIODÍSTICO A LA ACCIÓN PENAL
El caso, ahora en etapa formal de investigación, confirma la validez y trascendencia de la denuncia periodística realizada por la UDI de Prensa Regional, que reveló por primera vez los vínculos entre funcionarios de los gobiernos regionales de Arequipa y Moquegua mediante una red de contrataciones fraudulentas y uso de empresas fachada.
De acuerdo con la investigación original, el círculo cercano integrado por Verónica Veliz Yampi, Katherine Gutiérrez Ayala —hermana de la gobernadora regional de Moquegua— y Luis Yonathan Sanca Umiyauri, habría extendido su influencia entre ambas regiones, direccionando licitaciones, alquileres de camionetas y contratos de servicios a favor de las empresas vinculadas a su entorno.
La disposición fiscal reconoce la existencia de indicios reveladores de delito, disponiendo la formalización de investigación preparatoria contra los imputados mencionados, sin perjuicio de ampliar la tipificación penal conforme avancen las diligencias.
UNA ESTRUCTURA DE IMPUNIDAD: REUBICACIONES Y “PROTECCIÓN” INSTITUCIONAL
Nuevas evidencias apuntan a un presunto silenciamiento de testigos mediante ofrecimientos de contrataciones de camionetas 4×4.
La UDI de Prensa Regional obtuvo un audio en el que se escucha a una funcionaria del área de Logística de la Subregión Ilo —identificada por la fuente como Verónica Veliz Yampi— contactando a un testigo clave días antes de su declaración ante la Fiscalía. En la conversación, la funcionaria realiza una aparente oferta de contratación vinculada a su cargo, lo que, en el contexto del proceso, podría constituir un acto de condicionamiento o incentivo indebido.
Transcripción parcial del fragmento:
- Funcionaria: “¿Qué tal, señor? Lo estoy buscando. Un favor… tengo un requerimiento de una camioneta… ¿tienes camionetas disponibles?”
- Testigo: “Sí, ayer algo me comentó…”
- Funcionaria: “Es urgente. Necesito una camioneta para supervisión… ¿no tiene usted otra persona?”
Este contacto, enmarcado en la actividad de contratación estatal, podría representar una oferta encubierta para influir en la declaración de un testigo, configurando así un posible acto de obstrucción en curso.
La existencia del audio y su contexto —en poder de la UDI de Prensa Regional— deberían ser incorporados como nuevas evidencias dentro del proceso, junto a otros elementos ya presentados formalmente ante el Procurador Anticorrupción de Moquegua, a fin de que sean entregados y custodiados por otro fiscal que garantice la integridad de la investigación. Ello, debido a que el fiscal Víctor Muñoz Leiva ha evidenciado un accionar que blinda y protege a los imputados, generando desconfianza y cuestionamientos sobre su manejo de la carpeta fiscal del caso “Corrupción 4×4”.
UNA TRAMA PROTEGIDA DESDE EL PODER
Con el trabajo que viene realizando el Ministerio Público en Arequipa, el caso desnuda una realidad que va mucho más allá de simples irregularidades administrativas: en Moquegua, esta misma estructura de funcionarios opera protegida desde el poder, amparada en el propio Gobierno Regional de Moquegua.
La principal implicada, Verónica Beatriz Veliz Yampi, fue nombrada jefa de la Oficina del Sistema Administrativo de Abastecimiento de la Subregión Ilo por la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.º 411-2024-GR/MOQ, del 12 de noviembre de 2024. Su designación no fue un trámite técnico, sino una decisión política de confianza directa, que colocó a una funcionaria bajo sospecha de corrupción en el centro mismo del aparato de compras públicas de Moquegua.
No es un nombre nuevo en esta trama. Veliz Yampi trabajó en el Gobierno Regional de Arequipa, en el área de Logística, junto a Katherine Gutiérrez Ayala, hermana de la actual gobernadora. Esa conexión explica por qué su llegada a Ilo no fue una coincidencia, sino una jugada calculada que trasladó a Moquegua una red operativa que ya funcionaba en Arequipa, repitiendo el mismo patrón de contrataciones fraccionadas y direccionadas.
De acuerdo con proveedores locales, Veliz Yampi no llegó sola: la acompañó un grupo cerrado de personal de su entorno, que hoy controla los procesos de cotización y adquisición en la Subregión Ilo.
Mientras en Arequipa, la Fiscalía avanza con investigaciones firmes y diligencias concretas, en Moquegua el Ministerio Público y el fiscal encargado del caso se mueven con una lentitud inexplicable, que ya genera sospechas. Han pasado más de dos años desde que se destapó el caso “Corrupción 4×4”, y las respuestas en Moquegua siguen estancadas.
