POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
En respuesta a la denuncia periodística realizada por la Unidad de Investigación de PRENSA REGIONAL sobre la «contratación a dedo» del odontólogo Edwin Ángel Molina Felipe, wayki de la gobernadora regional Gilia Gutierrez Ayala, el Ministerio Público intervino el área de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Moquegua. Esta diligencia se llevó a cabo para recabar información sobre el proceso de contratación irregular.
El Dr. Emilio Salas Apaza, coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, lideró la intervención en la sede central del gobierno regional. Durante la diligencia, se recolectaron boletas de pago, contratos suscritos y detalles sobre cómo Molina Felipe ingresó al cargo.
El odontólogo Edwin Ángel Molina Felipe solicitó una oportunidad laboral mediante un documento dirigido el 5 de septiembre de 2023 a la gobernadora regional Gilia Gutierrez Ayala, conocida por su cercanía con él. Este simple documento le bastó para ser contratado directamente como profesional de la salud en supuesto beneficio de los trabajadores del GORE Moquegua. La contratación directa, sin un proceso competitivo, es cuestionada por su irregularidad e ilegalidad.
El fiscal anticorrupción Emilio Salas Apaza comentó sobre la situación: «Eso es precisamente lo que estamos analizando. Es cierto que hay plazas que tienen que ingresar mediante un proceso y estamos viendo la modalidad de contratación para precisamente determinar si existen irregularidades que merecen el inicio de un proceso».
Salas indicó que están investigando a personal del área de Recursos Humanos y otros altos funcionarios de la entidad. Consultado sobre la relación de amistad entre el contratado y la gobernadora regional Gilia Gutierrez, el fiscal mencionó: «Estamos recabando diversos documentos, vamos a tener algunas comunicaciones y sí existen algunos registros que nos puedan indicar una cercanía o amistad notoria para poder en base a eso construir una hipótesis».
En caso de probarse dicha relación y las irregularidades en la contratación, el fiscal añadió: «El derecho a laborar es de todos, pero no tiene que ser en base a cercanía, amiguismos y parentescos, sino que compitan entre profesionales».
