POR: JULIO FARFÁN VALVERDE (UDI – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
INTRODUCCIÓN
El denominado caso Chirimayuni, vinculado a la construcción de la represa de riego ubicada en los distritos de Chojata y Lloque, provincia General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, ejecutada durante la gestión del entonces presidente regional Martín Vizcarra Cornejo (2011–2014), vuelve a ocupar la agenda judicial. Este proyecto, que debía garantizar agua para las comunidades altoandinas, terminó convertido en un símbolo de corrupción y perjuicio económico al Estado.
Cabe recordar que por estos mismos hechos ya purga condena el exdirector de Supervisión del Gobierno Regional de Moquegua, César Augusto Ramos Zamora, considerado allegado a Vizcarra, quien en enero del 2022 fue sentenciado a ocho años de prisión efectiva por peculado agravado. La justicia determinó que Ramos Zamora se apropió indebidamente de S/ 697,226.41 al suscribir y dar conformidad a seis valorizaciones de supervisión externa que nunca se ejecutaron, favoreciendo al Consorcio Chirimayuni, representado por Jhonny Iván Obispo Cabrera. Además, el colegiado fijó en su contra el pago de S/ 550,000 (quinientos cincuenta mil soles) por concepto de reparación civil.
Ahora, la Fiscalía Anticorrupción señala que no solo Ramos Zamora habría participado en el ilícito, sino también Vizcarra, el exgerente general Hugo César Espinoza Palza y el exgerente de Infraestructura Edmer Trujillo Mori, contra quienes ha presentado un requerimiento de acusación penal.
En una etapa previa, Martín Vizcarra intentó beneficiarse con la llamada Ley Soto (Ley N.° 31751) para lograr la prescripción del caso Chirimayuni, argumentando que los plazos penales ya habían vencido. Incluso un juzgado de primera instancia llegó a acoger ese pedido y declaró el archivo del proceso; sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones de Moquegua revocó la resolución y determinó que dicha norma no era aplicable conforme al Acuerdo Plenario N.° 05-2023 CIJ-112. De este modo, la investigación continuó su curso y hoy el expresidente regional, junto a sus exfuncionarios, enfrenta un requerimiento fiscal de acusación por peculado doloso.
¿Se trató de un caso en el que únicamente César Augusto Ramos Zamora se apropió del dinero, o —como sostiene la Fiscalía— Martín Vizcarra y sus exfuncionarios habrían tenido conocimiento y responsabilidad en los pagos irregulares del caso Chirimayuni?
REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN CONTRA MARTÍN VIZCARRA Y OTROS
El fiscal Emilio Ernesto Salas Apaza, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, presentó ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria el requerimiento de acusación penal contra tres exfuncionarios del Gobierno Regional de Moquegua (GRM):
- Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente regional.
- Hugo César Espinoza Palza, exgerente general del GRM.
- Edmer Trujillo Mori, exgerente regional de Infraestructura.
La UDI de Prensa Regional tuvo acceso al requerimiento de acusación presentado al poder judicial el 18 de mayo de 2025, el mismo que se centra en el presunto delito de peculado (apropiación para otro), previsto en el artículo 387 del Código Penal, por haber permitido pagos irregulares al Consorcio Chirimayuni, responsable de la supervisión externa de la represa Chirimayuni, proyecto que debía garantizar agua para la agricultura en comunidades altoandinas.
El fiscal Salas Apaza ha solicitado para Martín Vizcarra Cornejo, Hugo César Espinoza Palza y Edmer Trujillo Mori una pena de 9 años y 8 meses de prisión efectiva por el delito de peculado doloso en agravio del Estado.
Asimismo, ha requerido la inhabilitación por 2 años y 8 meses para ejercer función pública y el pago de una reparación civil ascendente a S/ 697,226.41 (seiscientos noventa y siete mil doscientos veintiséis con 41/100 soles), correspondiente al perjuicio económico ocasionado al Gobierno Regional de Moquegua.
EL PROYECTO QUE PROMETÍA DESARROLLO Y TERMINÓ EN CORRUPCIÓN
En 2010, el Gobierno Regional de Moquegua, presidido entonces por Vizcarra, convocó concurso público para la supervisión externa de la obra represa Chirimayuni, ubicada en los distritos de Chojata y Lloque, provincia General Sánchez Cerro.
El contrato fue adjudicado al Consorcio Chirimayuni, la represa debía constituirse en un proyecto emblemático, orientado a garantizar el recurso hídrico para los agricultores de la zona. Sin embargo, lo que se presentó como motor de desarrollo se convirtió en un símbolo de corrupción, pagos irregulares y perjuicio económico al Estado.
CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
Junio de 2011: Al iniciarse los trabajos en campo, los residentes de obra —José F. Salas Acosta y luego Carlos A. Hurtado Aspilcueta— reportaron graves irregularidades: ausencia del jefe de supervisión, falta de personal clave y omisión en el uso del cuaderno de obra.
Julio a noviembre de 2011: Informes técnicos internos, emitidos por el residente de obra, el subgerente de Obras René Zapana y el director de Supervisión César Ramos, alertaron del incumplimiento contractual del consorcio. Incluso, José F. Salas se negó a firmar la segunda y tercera valorización.
Pagos irregulares: Pese a las advertencias, el GRM autorizó pagos por servicios de supervisión no ejecutados. Entre julio y diciembre de 2011 se emitieron comprobantes como:
- Comprobante N.° 3321 (27/07/2011): S/ 119,388.56
- Comprobantes N.° 5579/5580 (20/09/2011): S/ 119,388.56 y S/ 18,368
- Comprobantes N.° 7732/7733 (10/11/2011): S/ 119,388.56 y S/ 18,368
- Comprobantes N.° 8620/8621 (01/12/2011): S/ 78,286.81 y S/ 12,044
- Comprobante N.° 10050 (28/12/2011): S/ 83,505.41
En total, el Estado pagó por servicios inexistentes, generando un perjuicio económico de S/ 697,226.41, según determinó la Contraloría General de la República en el Informe Especial N.° 1026-2014-CG/ORMQ-EE.
Febrero de 2012: El GRM resolvió unilateralmente el contrato mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 200-2012-GR/MOQ, reconociendo el incumplimiento, pero después de haber autorizado los pagos cuestionados.
IMPUTACIÓN FISCAL
El Ministerio Público atribuye responsabilidades diferenciadas a los exfuncionarios:
- Edmer Trujillo Mori (gerente de Infraestructura): permitió pagos irregulares por S/ 639,346.46, correspondientes a valorizaciones 1 a 6 (junio–noviembre de 2011).
- Hugo César Espinoza Palza (gerente general): la misma responsabilidad por S/ 639,346.46, pese a conocer las advertencias internas.
- Martín Alberto Vizcarra Cornejo (presidente regional): permitió pagos en favor del consorcio por S/ 238,777.12, vinculados a las valorizaciones N.° 02 y 03.
La acusación tipifica sus conductas como peculado doloso, con pena solicitada de 9 años y 8 meses de prisión, más 2 años y 8 meses de inhabilitación para ejercer función pública.
Los medios de prueba ofrecidos con los que la Fiscalía sustenta la acusación son:
- Informe Especial N.° 1026-2014 (Contraloría), que concluye que no se prestó el servicio de supervisión.
- Pericia grafotécnica N.° 033-2024, que atribuye a Hugo Espinoza la firma en la Carta Notarial N.° 119-2011.
- Testimonios de René Zapana, César Ramos Zamora, José F. Salas y Carlos Hurtado.
- Documentales: contrato N.° 98-2010, adendas, cuaderno de obra, comprobantes de pago, oficios y resoluciones ejecutivas.
LO QUE SABÍA VIZCARRA
El requerimiento fiscal sostiene que Martín Vizcarra Cornejo tenía pleno conocimiento de los incumplimientos contractuales del Consorcio Chirimayuni, ya que las comunicaciones del contratista estaban dirigidas directamente a su despacho. En paralelo, el exgerente general Hugo Espinoza Palza también intercambiaba correspondencia con el consorcio, evidenciando que las máximas autoridades regionales estaban al tanto de las irregularidades desde el inicio.
Las deficiencias en la supervisión se detectaron en junio de 2011, pero el Gobierno Regional recién resolvió el contrato en febrero de 2012. La Fiscalía remarca que las causales usadas para rescindir el vínculo eran las mismas que se incumplían desde el arranque, lo que prueba que la gestión regional toleró durante más de medio año los incumplimientos antes de actuar.
El Informe Especial N.° 1026-2014-CG concluyó que el Estado sufrió un perjuicio económico de S/ 697,226.41 por pagos de servicios de supervisión que nunca se ejecutaron. Este documento es considerado por la Fiscalía como una de las piezas centrales de convicción en el proceso.
Los residentes de obra, como José Francisco Salas Acosta, y la propia Contraloría emitieron informes y oficios que alertaban sobre el incumplimiento de la supervisión externa. Sin embargo, estas advertencias fueron desoídas, y las valorizaciones continuaron siendo aprobadas, lo que permitió que el consorcio cobrara por servicios inexistentes.
El caso Chirimayuni lleva más de catorce años sin resolverse. Mientras el dinero se perdió en pagos irregulares, la represa nunca cumplió su objetivo y las comunidades altoandinas siguen esperando el agua prometida. Ahora será el Poder Judicial el que defina si habrá justicia y sanción para los responsables.
CLAVES DEL CASO CHIRIMAYUNI
- DILACIÓN DE LA JUSTICIA
Las irregularidades datan de 2011, la Contraloría las confirmó en 2014, pero recién en 2024 se formalizó la acusación fiscal y en 2025 el caso llega al Poder Judicial.
- RED DE CONFIANZA
Vizcarra colocó en puestos estratégicos a allegados como Edmer Trujillo Mori, Hugo Espinoza Palza y César Ramos Zamora, lo que evidencia un círculo de funcionarios de confianza en la gestión regional.
- PAGOS PESE A ALERTAS
Se realizaron desembolsos por más de S/ 697 mil aun cuando residentes de obra y funcionarios internos advirtieron incumplimientos graves del Consorcio Chirimayuni.
- FIRMA CUESTIONADA
Una pericia grafotécnica reveló que la Carta Notarial N.° 119-2011 fue firmada por Hugo Espinoza con el sello y postfirma del presidente regional Martín Vizcarra.
- OBRA INCONCLUSA
La represa, que debía garantizar agua para comunidades altoandinas de Chojata y Lloque, nunca cumplió su objetivo, dejando un perjuicio económico y social.
- UN CONDENADO
En 2022, César Ramos Zamora fue sentenciado a 8 años de prisión efectiva y al pago de S/ 550 mil de reparación civil por el mismo caso.