El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo de la fiscal Norah Córdova Alcántara, realizó el allanamiento y registro domiciliario con fines de incautación de 15 inmuebles vinculados a la investigación por el delito de colusión, por el presunto direccionamiento de la adjudicación del proceso de adquisición de biodiesel B100 –a cargo de Petroperú– en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.
La intervención se realizó de manera simultánea en las viviendas del secretario general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; del gerente de la Cadena de Suministros de Petroperú, Muslaim Abusada Sumar; gerente del Departamento de Distribución de Petroperú, Gunther Documet Celis; gerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos, Roger Liy Lion; y del asesor de Petroperú, Gregorio Saenz Moya.
También en las viviendas del gerente general y gerente de la empresa HPO S.A.; Samir Abudayeh Giha y Carlos Siles Chehade, respectivamente; al igual que de Karelim López Arredondo, en su condición gestora de intereses.
Asimismo, se intervinieron las oficinas de la Secretaría General, la Secretaría de la Presidencia de la República y los salones contiguos, así como la Dirección de Protocolo del Despacho Presidencial, todas ellas ubicadas en Palacio de Gobierno. Además, de las oficinas de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.
En el operativo, supervisado por el fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, participaron un total de 16 fiscales anticorrupción, peritos del Ministerio Público, personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y de la Dirección de Inteligencia (Dirin).
Los inmuebles allanados se ubican en los distritos de San Miguel, Lince, San Borja, Magdalena del Mar, Breña, Pueblo Libre, La Molina, Santiago de Surco, San Isidro y Lurín, en Lima Metropolitana.
Según la hipótesis fiscal los funcionarios investigados de Petroperú se habrían coludido y/o interesado indebidamente con el fin de favorecer a la empresa HPO S.A. con la adjudicación del proceso de adquisición de Biodiesel B100, que habría ascendido a la suma de US$ 74 millones, aproximadamente.
Este irregular hecho habría sido coordinado, procesado y otorgado a través de una serie de irregularidades, cuyo despliegue obedecería a presuntos acuerdos colusorios que se habrían gestado el 18 de octubre de 2021 en el Despacho Presidencial, y en reuniones posteriores sostenidas entre los imputados.