El fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Almanza Altamirano, alertó sobre la posible influencia de mafias de mineros ilegales en la política. El magistrado considera muy posible que los mineros ilegales financien a políticos en las próximas elecciones del 2026. Cuestionó, además, la falta de recursos logísticos para enfrentar la minería ilegal, que se sigue expandiendo bajo el amparo del Reinfo.

“Todo aquel que tiene poder económico busca poder político. Así que no sería extraño que el dinero de la minería ilegal financie candidaturas”, enfatizó el fiscal. Según un estudio de Ipsos, el 70 % de peruanos piensa que esta actividad financiará la próxima campaña electoral, mientras que el 82 % señaló que este grupo tiene actualmente influencia en el Congreso y los gobiernos regionales. Según el fiscal, ahora que se aproximan las elecciones, los candidatos a diputados, senadores y presidente deben plantear soluciones claras sobre esta situación.

INTERDICCIÓN NO ES SUFICIENTE

El fiscal refirió que las fiscalías ambientales persiguen los delitos de minería ilegal y realizan acciones de interdicción, como la destrucción de maquinaria, dragas, tracas (explosivos) y retroexcavadoras. Sin embargo, precisó que el número de maquinaria en Puerto Maldonado, por ejemplo, es muy alto.  Almanza considera que es prioritario identificar a los que están detrás de las organizaciones dedicadas a la minería ilegal. Para eso, dijo, es relevante contar con trabajo de inteligencia operativa, una búsqueda que conduzca a ellos. “Si solo intervenimos a los que están al lado de una máquina, capturamos al peón. Esa es la parte que falta. A partir de allí se podría empezar a hacer un trabajo serio”, refirió.

EL REINFO

El fiscal Almanza también consideró que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se ha convertido en un escudo para operar ilegalmente. Recordó que, desde el 2012, solo menos del 2 % se ha formalizado y que actualmente hay más de 80 000 Reinfo, de los cuales 60 000 están suspendidos.

“Pero estar suspendido no les impide operar, y la norma —el Decreto Legislativo 1351, con una disposición complementaria final— dice que basta con tener el Reinfo para estar exonerado de delitos. Es una exención de responsabilidad. Nos hemos opuesto a que se siga prorrogando”, explicó.