POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
La corrupción en el Gobierno Regional de Moquegua, conocida públicamente como el caso “Corrupción 4×4”, ha puesto en evidencia no solo los hechos ilícitos que involucran a la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala, su hermana Katherine Gutiérrez Ayala y su pareja sentimental Luis Yonathan Sanca Umiyauri —familiares directos y funcionarios de su más estrecha confianza—, sino también un entramado de complicidades y omisiones dentro de los órganos encargados de impartir justicia y ejercer el control institucional.
Desde el 11 de septiembre de 2023, la Unidad de Investigación de Diario Prensa Regional, ha expuesto de manera sostenida graves indicios de colusión, direccionamiento irregular de licitaciones, uso de empresas fachada y otros presuntos delitos que ocasionan perjuicio directo a los recursos públicos.
Lo más alarmante no es solo la corrupción detectada, sino la actuación —o más bien, la inacción— de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua y de la Autoridad Nacional de Control (ANC) desconcentrada en Moquegua. Estas instituciones, que por ley deben ser garantes de la transparencia y titulares de la investigación penal, parecen proteger a los imputados mediante una sospechosa lentitud y pasividad.
FISCAL MUÑOZ LEIVA: INACCIÓN QUE BLINDA CORRUPCIÓN
El fiscal a cargo del caso, Víctor Arturo Muñoz Leiva, responsable del despacho especializado en corrupción de funcionarios, ha mostrado una preocupante falta de diligencia y de cumplimiento de sus funciones.
Pese a múltiples denuncias y pruebas entregadas formalmente por esta Unidad de Investigación —incluyendo documentos, fotografías, videos y testimonios que comprometen a la gobernadora y su entorno—, la investigación solo fue formalizada el 30 de octubre de 2024, casi un año después, y únicamente tras la presión de la opinión pública y los medios.
Durante este tiempo se registraron graves irregularidades:
- Retardos injustificados en la toma de declaraciones clave.
- Omisión de solicitud de levantamiento del secreto de comunicaciones para obtener pruebas esenciales de los principales imputados y testigos.
- Falta de notificación formal a testigos y denunciantes, como ocurrió con quien suscribe, en calidad de jefe de la Unidad de Investigación de Diario Prensa Regional, incluido en la Disposición Fiscal para declarar y que nunca recibió la notificación respectiva.
- Posibles actos de obstrucción a la justicia mediante silencio o amenazas a testigos y a la prensa.
Este conjunto de omisiones y demoras no solo pone en riesgo la investigación, sino que, de confirmarse, configuraría una falta grave a la ética y deber funcional del fiscal, además de un atentado contra el derecho ciudadano a una justicia efectiva.
LA ANC EN MOQUEGUA: ¿CONTROL O ENCUBRIMIENTO?
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público fue creada para supervisar y garantizar que los fiscales cumplan sus funciones con transparencia y objetividad. Sin embargo, en Moquegua esta entidad parece haberse convertido en un escudo para fiscales cuestionados.
En respuesta a la denuncia presentada ante la ANC Lima por las evidentes omisiones e inacción del fiscal Muñoz Leiva, la ANC desconcentrada en Moquegua, a través del fiscal superior Carlos Alberto Puma Coricaza, emitió la Resolución N.º 178-2025, declarando improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra dicha inacción.
Esta resolución fue emitida sin un análisis profundo de las pruebas ni de la gravedad de las faltas denunciadas, calificando conductas potencialmente graves como faltas leves, en contravención a lo dispuesto por la Ley de la Carrera Fiscal, que obliga a actuar con celeridad y rigurosidad ante presuntas faltas graves.
Entre las omisiones más evidentes de esta resolución destacan:
- No revisar adecuadamente el expediente que confirma la condición de denunciante y testigo.
- Interpretar de forma restrictiva el “interés legítimo” para obrar, ignorando que la participación y entrega de evidencias legitima plenamente al denunciante. En este caso, quien suscribe investigó y publicó en Diario Prensa Regional desde el 11 de septiembre de 2023 diversos hechos vinculados al caso “Corrupción 4×4”, entregando al fiscal Muñoz Leiva las evidencias y medios probatorios obtenidos.
- No motivar debidamente la decisión, vulnerando el derecho constitucional a la debida motivación y al debido proceso administrativo.
- Declarar improcedente el recurso sin análisis de fondo, contraviniendo el principio de verdad material que debe guiar toda investigación administrativa.
Este tipo de actuaciones no solo afectan el caso, sino que generan un patrón institucional donde las denuncias contra fiscales por inacción o irregularidades terminan archivadas o desestimadas, perpetuando la impunidad y erosionando la confianza ciudadana en Moquegua.
DENUNCIANTE AMENAZADO
En este caso, quien suscribe —Julio César Farfán Valverde, jefe de la Unidad de Investigación de Diario Prensa Regional— ha sido objeto de amenazas directas, con el objetivo de silenciar la denuncia y frenar la exposición de actos de corrupción.
El 1 de diciembre de 2023, en declaración testimonial ante la fiscalía, informé que fui víctima de una amenaza de muerte por parte de un proveedor vinculado a la Subregión Ilo y cercano a la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala. Esta amenaza estuvo claramente motivada por la labor periodística y las denuncias difundidas.
La autoridad subprefectural reconoció la gravedad del hecho y emitió resolución otorgando garantías personales para mi protección. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la ANC han mostrado una respuesta efectiva para garantizar la seguridad del denunciante ni para sancionar estos actos de intimidación, sumando otra capa de omisión en este entramado que, en los hechos, termina favoreciendo a los corruptos.
OMISIÓN DE FUNCIONES, COMBUSTIBLE PARA LA CORRUPCIÓN
Este caso deja al descubierto un problema profundo en la forma en que se imparte justicia y se controla a las propias autoridades en Moquegua. Cuando no se sanciona y, peor aún, se protege a fiscales cuestionados —como el fiscal Víctor Muñoz Leiva, encargado de la investigación “Corrupción 4×4”, y el fiscal superior Carlos Puma Coricaza, responsable de supervisarlo—, el mensaje para la ciudadanía es claro: en la lucha contra la corrupción, algunos están del lado equivocado.
La Ley de la Carrera Fiscal y el Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la ANC son claros: cualquier denuncia ciudadana con pruebas sólidas debe investigarse con imparcialidad, rigor y transparencia. Sin embargo, en este caso, esos principios parecen letra muerta.
Es inaceptable que la justicia se desvanezca en la complicidad y la omisión; que quienes deberían proteger el Estado de derecho terminen vulnerándolo; y que los ciudadanos, al final, queden desprotegidos frente a una red de impunidad que crece a la sombra de la inacción.
