POR: JULIO FARFÁN VALVERDE

Con fecha 23 de mayo de 2025, el Diario La Prensa Regional, a través de su jefe de la Unidad de Investigación Periodística, Julio César Farfán Valverde, presentó una denuncia formal ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC) en Lima contra el fiscal provincial Víctor Arturo Muñoz Leiva, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua.

La denuncia se fundamenta en presuntas faltas graves, omisiones e infracciones a la Ley de la Carrera Fiscal cometidas por el magistrado en el marco de la Carpeta Fiscal N.° 293-2023, la cual investiga el escandaloso caso conocido como “Corrupción 4×4”.

En el documento se sostiene que el fiscal Víctor Muñoz Leiva viene desarrollando una investigación “lenta y sospechosa”, pues a pesar de haber formalizado desde octubre del 2024 la investigación preparatoria contra la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala; su hermana Katherine Gutiérrez Ayala; Luis Yonathan Sanca Umiyauri —pareja de esta última—; así como contra varios funcionarios del Gobierno Regional y de la Subregión Ilo, hasta la fecha no se han registrado avances concretos ni diligencias sustanciales en el caso.

Todos ellos están sindicados como presuntos responsables del delito de colusión agravada, al haberse concertado ilícitamente con proveedores del entorno familiar del denominado “cuñadísimo” para beneficiarlos con más de 26 contrataciones públicas de bienes y servicios desde el inicio de la actual gestión regional.

La investigación periodística revela todo un entramado de corrupción en el Gobierno Regional de Moquegua, donde desde los primeros meses de gestión de la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala se habrían direccionado contratos para alquilar camionetas 4×4 a empresas vinculadas a su entorno familiar, como su hermana Katherine y su “cuñado” Luis Sanca Umiyauri, utilizando vehículos no habilitados, suplantaciones, falsificación de documentos y favorecimientos ilícitos, todo con el aparente conocimiento de funcionarios del GORE y la Subregión Ilo, causando un grave perjuicio económico al Estado.

ANTECEDENTES DEL CASO CORRUPCIÓN 4X4

La Unidad de Investigación de Prensa Regional expuso públicamente este caso el 11 de septiembre de 2023, revelando un esquema de contrataciones direccionadas a favor de empresas de fachada vinculadas al entorno familiar y político de la gobernadora, en presunta colusión con funcionarios del Gobierno Regional y de la Subregión Ilo.

Esta investigación periodística rigurosa y documentada motivó que el propio fiscal Muñoz Leiva solicitara formalmente la entrega de información mediante el oficio N.° 825-2024-MP-DFM-FPCEDCFM-3DE, de fecha 2 de mayo de 2024. Al día siguiente, 3 de mayo, se remitieron a su despacho los archivos fotográficos, videos, documentos y demás pruebas sustanciales.

El 30 de octubre de 2024, el fiscal emitió la Disposición Fiscal N.° 17-2024-3DFECOF, formalizando la investigación preparatoria, lo cual confirmó que los hechos denunciados periodísticamente por este medio tenían sustento objetivo y relevancia penal. No obstante, a pesar de la gravedad del caso, la investigación permanece estancada.

OMISIONES GRAVES Y TESTIGOS IGNORADOS

En la disposición de formalización se identificaron imputados por el delito de colusión agravada, pero se omitió incluir a varios actores claves, ni se les citó como testigos, lo que resulta cuestionable y refuerza la sospecha de encubrimiento. Entre los no considerados destacan:

ANGÉLICA UMIYAURI CCASA

Es madre de Luis Yonathan Sanca Umiyauri y socia propietaria de la empresa Productos Angeluis S.R.L., la misma que presuntamente se habría coludido con los representantes de AQSA en agravio del Gobierno Regional de Moquegua, quién habría utilizado irregular e ilegalmente la camioneta Toyota Hilux de color blanco, placa VCF-924, con el fin de suplantar en Moquegua a la camioneta Toyota Hilux de color rojo metálico, placa VCF-948, propiedad de AQSA, que sí se encontraba contratada para prestar servicios en la Subregión Ilo y el Gobierno Regional.

Ambos vehículos fueron utilizados para facturar servicios, generando pagos a nombre de una unidad móvil que no era la contratada originalmente. Cabe señalar que la camioneta VCF-924 fue transferida el 3 de mayo de 2024 por Angélica Umiyauri Ccasa a un tercero, en un aparente intento de evadir su responsabilidad legal, conducta similar a la adoptada por los representantes de AQSA con la unidad VCF-948.

A pesar de estos elementos, Muñoz Leiva inexplicablemente, no ha dispuesto siquiera la citación de la señora Umiyauri Ccasa, omitiendo una diligencia básica y necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

CARLOS ALBERTO CALDERÓN SALAS

Quien se habría coludido para emitir, con fecha 18 de abril de 2024, el documento formal y oficial de Inspección Técnica Vehicular correspondiente a la camioneta de placa VCF-948, propiedad de la empresa AQSA. En su calidad de subgerente de Equipo Mecánico del Gobierno Regional de Moquegua, el señor Calderón consignó en dicho informe un número de serie, motor y color distintos a los reales del vehículo, con la aparente finalidad de facilitar que el proveedor AQSA pudiera cobrar sin observaciones los servicios facturados por esa unidad, a pesar de que, en esa misma fecha, el vehículo se encontraba físicamente en Ilo prestando servicios para la Subregión Ilo.

Este informe técnico lleva su sello y firma en condición de funcionario público. Resulta inverosímil que, siendo ingeniero mecánico de profesión y perito judicial acreditado ante la Corte Superior de Justicia de Moquegua, semejante irregularidad haya sido producto de un simple error. La falsedad técnica es evidente.

Sin embargo, el fiscal Muñoz Leiva tampoco ha considerado citar a Calderón Salas ni ha dispuesto diligencia alguna para esclarecer su actuación, omisión que resulta injustificable dada la gravedad del hecho y su posible implicancia penal.

ANASTASIO CUTIPA CHOQUE

Quien también se habría coludido en la elaboración del Acta de Inspección Técnica Vehicular, firmando en calidad de conductor de la camioneta de placa VCF-948, propiedad de la empresa AQSA, conjuntamente con el ingeniero mecánico Carlos Alberto Calderón Salas. En dicho documento, ambos dieron conformidad a la supuesta presencia del vehículo en Moquegua, cuando en realidad este se encontraba prestando servicios en la Subregión Ilo, tal como consta en otros registros.

Cabe destacar que el señor Cutipa Choque fue chofer de campaña de la entonces candidata Gilia Gutiérrez Ayala durante las elecciones regionales del año 2022 y, posteriormente, fue designado como su chofer oficial en la sede del Gobierno Regional de Moquegua.

Pese a su directa participación en los hechos y la evidente falsedad consignada en la inspección técnica vehicular donde firma como chofer en colusión con los beneficiados, el fiscal Muñoz Leiva tampoco ha ordenado su citación ni ha dispuesto diligencias orientadas a esclarecer su rol en esta presunta maniobra fraudulenta, lo cual incrementa las dudas razonables sobre la imparcialidad y profundidad de la investigación en curso.

FRANKIE D. ROMERO C.

Quien también se habría coludido en la elaboración del Acta de Inspección Técnica Vehicular, firmando en su calidad de técnico mecánico responsable de la inspección. En dicho documento, dio conformidad a que la camioneta de placa VCF-948 se encontraba en Moquegua, cuando en realidad el vehículo se hallaba contratado y prestando servicios en la Subregión Ilo, tal como lo evidencian otros registros.

Su participación fue clave para validar administrativamente una situación inexistente, facilitando así el presunto cobro indebido por servicios no prestados en la jurisdicción declarada. A pesar de la gravedad de esta intervención, el fiscal Muñoz Leiva tampoco ha dispuesto su citación ni la verificación técnica correspondiente, omisión que, al igual que en los casos anteriores, resulta preocupante y refuerza la percepción de parcialidad, desinterés y “encubrimiento” para no esclarecer los hechos con rigurosidad.

JOSÉ ALBERTO HUAMÁN PINEDA

Durante el año 2023, se desempeñó como conductor de la camioneta Toyota Hilux 4×4 de color rojo metálico, placa VCF-948, unidad que figuraba como propiedad legal de la empresa AQSA Asesoría y Construcción S.A.C., y que fue contratada para brindar servicios a la Subregión Ilo del Gobierno Regional de Moquegua.

Huamán Pineda fue el responsable del manejo diario del vehículo en dicha jurisdicción, por lo que su testimonio resulta esencial para esclarecer hechos clave del caso. Es la persona que puede identificar con precisión quién le pagaba por su trabajo como chofer, con quién coordinaba las labores operativas y administrativas del vehículo, tanto de manera personal como telefónica. También es quien tenía conocimiento directo de las gestiones de mantenimiento, reparaciones, abastecimiento de combustible y uso del vehículo durante el tiempo en que estuvo al servicio de la Subregión Ilo.

Asimismo, Huamán Pineda podría detallar quiénes eran los responsables de elaborar y firmar los formularios, hojas de ruta, informes de servicios, actas de conformidad y otros documentos presentados ante la Subregión Ilo, que sirvieron de sustento para los pagos efectuados por los supuestos servicios prestados por la camioneta.

Pese a su rol clave en toda la operación logística y administrativa relacionada al uso de la unidad móvil VCF-948, el fiscal Muñoz Leiva no lo ha citado ni tomado su declaración, omisión que representa una grave negligencia procesal y debilita ostensiblemente la integridad de la investigación en curso.

¿INCAPACIDAD O ENCUBRIMIENTO DEL FISCAL MUÑOZ LEIVA?

A más de siete meses de la formalización de la investigación, no se ha ejecutado ninguna diligencia sustancial. No se amplió la relación de imputados, no se citaron testigos clave, ni se resolvieron aspectos técnicos y logísticos que comprometerían directamente a los principales beneficiados por las contrataciones.

La omisión más grave se registra en la misma Disposición Fiscal de Formalización N.° 17-2024-3DFECOF, donde el fiscal Muñoz Leiva dispone requerir el levantamiento del secreto de las comunicaciones de personas periféricas a la trama (Helene Yaniry Bellido, Karen García, Samara Soto), pero omite incluir a los directamente implicados: Gilia Gutiérrez Ayala, su hermana Katherine, y Luis Sanca Umiyauri.

Frente a este comportamiento, La Prensa Regional sostiene que solo caben dos hipótesis: o el fiscal Muñoz Leiva no está capacitado para conducir una investigación de esta envergadura, o está actuando para proteger y encubrir a los principales responsables. En ambos casos, se estaría atentando contra los principios de legalidad, celeridad y objetividad que rigen la función fiscal.

Por estas razones, el medio de comunicación presentó formalmente su denuncia ante la ANC, solicitando: la inmediata apertura de un procedimiento disciplinario contra el fiscal Víctor Muñoz Leiva y la realización de una auditoría funcional sobre su actuación en la Carpeta Fiscal N.° 293-2023.

Asimismo, la determinación de si existió conducta dolosa o negligente que haya favorecido la impunidad de los hechos investigados. Los hechos denunciados configuran infracciones muy graves, conforme a los artículos 46 y 47 del Reglamento de la Ley de la Carrera Fiscal, tales como: omisión de funciones propias del cargo, conducta que afecta la imagen del Ministerio Público, desatención a los plazos y etapas procesales, y falta de imparcialidad y objetividad en la investigación.

LA VERSIÓN DE MUÑOZ LEIVA

Días antes de la presentación de la denuncia, Prensa Regional entrevistó al fiscal provincial Víctor Arturo Muñoz Leiva, quien sostuvo que el caso aún se encontraba dentro de la etapa de investigación preparatoria y que todas las diligencias se venían realizando dentro del plazo legal correspondiente. Sin embargo, esta afirmación contrasta con la realidad: no existen avances sustanciales en el proceso, no se ha citado a testigos clave ni se han ejecutado diligencias mínimas exigidas por la gravedad del caso. Además, el fiscal evitó brindar detalles amparándose en el carácter reservado de la investigación, sin responder a los cuestionamientos sobre las omisiones evidentes y la falta de imparcialidad denunciada.

La Prensa Regional reafirma su compromiso con la verdad, la vigilancia ciudadana y la lucha contra la impunidad. Exige una intervención firme por parte de los órganos de control del Ministerio Público, y que los responsables, tanto de los delitos como de su encubrimiento, respondan ante la justicia.

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