POR: ABG. SANTOS COHAILA FLORES
Romy Chang, abogada penalista, ha expuesto su postura sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que excluyó al fiscal José Domingo Pérez del caso de lavado de activos relacionado con la campaña de Keiko Fujimori en 2021, conocido como el «Caso Cócteles». La abogada destaca la vulneración de los derechos fundamentales de los imputados, incluyendo a Fujimori, debido a la falta de objetividad del fiscal.
Chang argumenta que la decisión de retirar a Pérez del caso responde a una correcta interpretación de la ley para evitar futuras nulidades y garantizar el debido proceso. El TC identificó que Pérez, al investigar un posible delito de obstrucción a la justicia relacionado con su propio rol, se colocó en una posición de «juez y parte», lo que comprometió su imparcialidad y objetividad.
La abogada señala que el error de Pérez fue ampliar su investigación inicial, que se centraba en lavado de activos, para incluir acusaciones de obstrucción a la justicia contra los abogados de Fujimori. Esto rompió la imparcialidad necesaria y llevó al TC a ordenar su exclusión para evitar que el caso se viera afectado por esta parcialización.
Chang también aclara que la exclusión de Pérez afecta solo el caso de lavado de activos de 2021, no el «Caso Cócteles» relacionado con campañas anteriores. El nuevo fiscal, Manuela Rosana Vill Ramírez, asumirá la investigación del caso 2021 desde el estado en el que se encuentra, sin que se considere necesario reiniciar el proceso desde cero.
Finalmente, Chang resalta que la decisión del TC puede establecer un precedente importante en otros casos similares y que es crucial para la integridad del sistema judicial que el Ministerio Público actúe con transparencia y en defensa de la Constitución.
Por otro lado, Juliana Loza, defensora técnica de Keiko Fujimori, ha cuestionado la imparcialidad del fiscal José Domingo Pérez en la investigación preliminar del caso de la campaña de 2021. Loza argumenta que, desde el inicio de la investigación en 2021 (hace tres años), su equipo había planteado que Pérez no debía participar debido a su falta de objetividad. Esto se debía a que Pérez ya había conocido hechos relacionados con la investigación y tenía un historial previo que lo comprometía, lo que ponía en duda su imparcialidad.
El fiscal superior Velarde Barba, tras la resolución del TC, decidió excluir a Pérez del caso.
