La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, solicitó formalmente al Poder Judicial la cancelación de la inscripción del partido político Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, por presunta “conducta antidemocrática”. El pedido fue entregado este 18 de septiembre a la presidenta de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, Janet Tello Gilardi, y se fundamenta en supuestas vulneraciones a la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).
En el documento, Espinoza Valenzuela señala que la agrupación política infringió el artículo 14 de la LOP, al desarrollar actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes —según la acusación— en la vulneración sistemática de libertades y derechos fundamentales.
ARGUMENTOS DEL PETITORIO
La titular del Ministerio Público sostiene que Fuerza Popular habría promovido atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, además de perseguir a estas personas en razón de sus funciones, posiciones políticas, profesión y opiniones.
El escrito también acusa al partido de promover la exclusión de congresistas de sus propias filas por ejercer la disidencia política y la libertad de conciencia.
Asimismo, se imputa a la organización fujimorista la exculpación de atentados cometidos durante el conflicto armado interno en perjuicio de víctimas de violaciones a la vida y la integridad, al respaldar la Ley N.º 32419, que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
SEÑALAMIENTO DE LEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA
Otro de los fundamentos de la fiscalía es que Fuerza Popular habría legitimado la violencia como método para alcanzar objetivos políticos, lo que, a criterio del Ministerio Público, constituye una infracción directa a la normativa que regula a las organizaciones políticas en el país.
El petitorio, ingresado el jueves 18 de septiembre, será evaluado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, bajo la presidencia de la jueza Janet Tello Gilardi, instancia que deberá pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud y el inicio de un proceso judicial que podría derivar en la cancelación de la inscripción de Fuerza Popular en el Registro de Organizaciones Políticas.
De prosperar el pedido, el partido liderado por Keiko Fujimori podría ser inhabilitado de participar en futuros procesos electorales, lo que marcaría un precedente de gran relevancia en la historia política y jurídica del país.