POR: INGENIERO ELMER PINTO CÁCERES (CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE ISLAY)
La ausencia de un equipo técnico conformado por especialistas en ingeniería, asesoría financiera y asesoría jurídica, han llevado a la gestión del Gobierno Regional de Arequipa, a claudicar a las ambiciones de la Concesionaria y a los lineamientos de ProInversión, patrocinados por los intereses de los grupos económicos del sector agroindustrial, afiliados a la Confiep.
Los vicios de las sucesivas modificaciones, 12 adendas, al Contrato de Concesión celebrado entre el Gobierno Regional de Arequipa y la empresa Concesionaria Angostura Siguas S.A. lo invalida a 11 años de la fallida gestión de la Concesionaria Española, que de manera irresponsable tiene secuestrado tan importante proyecto, bloqueando el desarrollo de la región Arequipa, con un injustificado avance del 18%, con graves pérdidas a la región Arequipa en los últimos 11 años.
La falta de capacidad y dignidad de nuestras autoridades los lleva a aceptar condiciones desfavorables, que no permitirá un verdadero desarrollo de Arequipa. Se claudica al chantaje que impone la Concesionaria y se acepta la imposición de condiciones que traicionan nuestras justas aspiraciones:
TÉCNICO:
– No se justifica el «Cambio Tecnológico» porque no es determinante su ejecución, es decir, si no se realiza el cambio tecnológico no se altera la operatividad del proyecto. Entonces, esto es un capricho o un interés de una parte. Además, de acuerdo al TUO, cualquier modificación, impulsada por la Contratista, al diseño de su propio proyecto, es de su responsabilidad y a su cargo.
LEGAL:
– De acuerdo al TUO, el Estado no puede reconocer un incremento en la ejecución del proyecto, y mucho menos que sea mayor al 15% del monto total. El Contrato Original, firmado en diciembre del 2010, se ha desvirtuado el año 2014 con un incremento de $125 millones de dólares (incremento superior en más del 25%) y ahora con la Adenda 13 se pretende un incremento de $106 millones de dólares (Incremento superior al 20% del monto original). Asimismo, la propuesta técnica ha quedado obsoleta a 20 años de su concepción por cambios en tecnología, y ha degenerado en excesos económicos que se cubren con vicios legales, que lo inválida de manera irrefutable.
ECONÓMICO:
– La empresa Concesionaria ha incrementado el costo del proyecto de manera sistemática para su beneficio. Así el presupuesto aprobado el año 2010 fue US $ 424’945,639.00. A finales del año 2014 se elevó a US $ 550’401,572.00 según Cláusula 1 párrafo 72 del TUO (Monto Referencial de Inversión). A finales del año 2018 la Concesionaria, presentó la injustificada propuesta de «Cambio Tecnológico» que pretende elevar el costo del proyecto a US $ 654’000,000.00. «Asimismo, según Cláusula 7, los costos de mantenimiento se duplican; así, la aplicación de los pagos por Retribución Anual por Recuperación de la Inversión del Concesionario (RPI) y la Retribución Anual por Operación y Mantenimiento (RPMO), que involucra el cobro de agua, a una tarifa de US$ 0.069/m3, alcanza tasas superiores a S/4,000.00 anuales por hectárea, costo 10 veces mayor a la tarifa promedio en la región Arequipa.
SOCIAL:
El modelo de contrato de Asociación Pública – Privada, impulsado a finales del milenio pasado, bajo un esquema obsoleto, desde ProInversión, vulnera el derecho del Gobierno Regional de Arequipa en la participación para adjudicar las 38,500 hectáreas, según el contenido del Anexo Nro 16 del TUO, las cuales son «módulos de no menos de 200 hectáreas». Bajo este esquema, la venta está dirigida a las empresas agroindustriales, quienes aplican la agricultura intensiva que degrada el suelo con monocultivos, y de agro exportación que sólo beneficiaría a 20 empresas, quienes al amparo de la Ley 31110, generaría 100,000 puestos de trabajo con sueldos mínimos de S/930.00 al mes, es decir, direcciona a las futuras generaciones a la pobreza. La tendencia internacional actual, se enfoca hacia la agricultura familiar y un claro ejemplo que no se quiere reconocer, son las Irrigaciones San Camilo, La Joya, San Isidro, Yuramayo, Ensenada – Mejía y la Irrigación Majes, esta última constituye el polo de desarrollo socio-económico con la tasa de crecimiento anual más alta a nivel nacional y de manera constante y sostenida en los últimos 30 años, en donde cerca de 3,000 agricultores son empresarios y generan un dinamismo económico para una población de 200,000 personas. Las tendencias políticas están orientadas a la agricultura familiar en todo el planeta, de tal manera que incluso el mismo Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario tiene, desde el año 2020, el Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego. Por lo tanto, en actuales circunstancias, el modelo impulsado por ProInversión ha quedado obsoleto y constituye una inversión con un enfoque nocivo para el desarrollo de nuestra región.
En las actuales condiciones del TUO, con la firma de la Adenda 13, se «revalida y consolida» una propuesta, en beneficio exclusivo de un grupo de empresas agro industriales extranjeras, con inversión de dinero del Estado, donde se entrega los siguientes recursos vitales:
– Recursos humanos: sometimiento de 100,000 jóvenes como mano de obra barata.
– Recursos hídricos: usufructo de 20 m3/seg. de agua por 20 años.
– Recursos de suelo: venta de 38,500 hectáreas de terrenos de cultivo con las mejores condiciones de clima del planeta a empresas del extranjero.
– Infraestructura de conducción para derivar el agua para la generación de energía en las proyectadas Centrales Hidroeléctricas con bajo costo de generación para ser vendida a los usuarios domésticos a tarifa internacional.
Recursos administrados por empresas extranjeras que se benefician al máximo llevando al límite la explotación de los recursos humanos y los recursos naturales, bajo el pretexto de generar empleo y desarrollo.
Habiendo transcurrido, 11 años de la firma del contrato entre el Gobierno Regional de Arequipa y la empresa Concesionaria Angostura Siguas S.A, se debió entregar en tres años y medio las obras concluidas. En el contexto actual, se afirma que el contrato ha fracasado, habiéndose generado perjuicio en ambas partes, siendo el más perjudicado el Estado Peruano, que ha visto trunca la posibilidad de cumplir con los objetivos y beneficios del proyecto, entre los cuales están generar desarrollo en la región Arequipa, calculando un movimiento económico de 1,000 millones de soles al año, que traducido en los 7 años, serían más de 7,000 millones, que ha dejado de producir el proyecto Majes Siguas II con sus efectos sociales de bloquear la generación de más de 100,000 puestos de trabajo. Aspectos que se deben sostener de manera firme ante posibles litigios.
Que en visita de fiscalización realizada los días miércoles 16 y jueves 17 del mes de junio a los campamentos Angostura y zonas de ejecución del proyecto, Campamento Challhuanca y habiendo constatado la situación de deterioro de infraestructura, equipos (Tuneladora), herramientas y materiales, producto de paralización de más de cuatro años.
Ante la intransigencia y desinterés mostrado por la empresa Concesionaria, los evidentes vicios legales en que han caído los acuerdos y adendas del Contrato, así como también de los visibles actos de irresponsabilidad que han entrampado este importante proyecto, haciéndolo INVIABLE en estas circunstancias y condiciones, es necesario tomar decisiones a la altura de un cambio que permita revertir este grave perjuicio al desarrollo de la región Arequipa y de la nación.
En víspera de decidir la firma de la Adenda 13, reitero y reafirmo mi posición de «resolver el contrato entre el Gobierno Regional de Arequipa y la empresa Concesionaria Angostura Siguas S.A.». Es lo más recomendable para las partes. Finalmente, invito a la empresa Concesionaria Angostura Siguas S.A. a dar un paso al costado y permitir la reversión del proyecto a la administración del Gobierno Regional para su reformulación y ejecución bajo el enfoque de «Agricultura Familiar con Seguridad Alimentaria» que beneficie a 8,000 nuevos agricultores peruanos de manera directa y se genere un polo de desarrollo de 400,000 personas en las siguientes 3 décadas.
No a la imposición.
No a la suba del agua de uso agrario.
No al modelo de parcelación de 200 H.
No al sometimiento a sueldos mínimos.
No al chantaje.
No a la corrupción.
NO A LA ADENDA 13.