Tras una publicación periodística en un medio regional en donde se hace referencia que la Contraloría recomienda el inicio de acciones administrativas en contra del alcalde de la provincia de Islay, Edgar Rivera Cervera y cinco funcionarios más de su comuna, por hechos con presunta irregularidad para la adquisición de productos alimenticios para el Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria (PCA) de la Municipalidad Provincial de Islay (MPI) – 2019; en la víspera el burgomaestre y funcionarios esclarecieron la información, dando a conocer que para este proceso se tomó en cuenta la aplicación de lo dispuesto en la ley supletoria a la 27767 debido a que en la provincia de Islay, en particular en el valle de Tambo, no existen empresarios bajo la modalidad de asociatividad para que participen de los procesos de adquisición como dispone la ley en mención.
EXPLICACIÓN SOBRE EL PROCESO
Se trata de un proceso de adquisición de arroz para el PCA que abastece entre otros productos alimenticios además, a los comedores populares. De acuerdo a la explicación de los funcionarios de la comuna, no se ha cometido ningún acto de ilegalidad. Señalan que la ley 27767 establece que quienes participen en este proceso deban cumplir con ciertos requisitos de formalidad y asociatividad.
En ese fin, sostiene el alcalde, se buscó que los agricultores arroceros del valle de Tambo participaran de este proceso, realizando diversas visitas, no obstante al no cumplir los requisitos que pide la norma (ley 27767) se optó por la aplicación de la ley supletoria que indica llevar el proceso mediante subasta inversa electrónica, en donde indicaron, obtuvieron inclusive, mejores precios del cereal en comparación a otros años con un ahorro de mayor a seis mil soles.
“EL ERROR”
Sin embargo el error radica en que, según las normas de contracciones, para pasar a la aplicación de la subasta inversa electrónica debe declararse desierto el proceso basado en la ley 27767, este sería el detalle observado por la Contraloría. Empero señalan los funcionarios, no se ha vulnerado ningún principio de legalidad.
FORMALISMOS
El alcalde Edgar Rivera fue enfático en aclarar que si bien la Contraloría tiene todas las facultades para emitir sus informes de control, esto no significa que en este caso haya existido o existan visos de corrupción. “No ha habido direccionamiento (en el proceso de adquisición) No es corrupción, son solo formalismos” dijo en conferencia de prensa.
ANTECEDENTES DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA SUPLETORIA
El gerente municipal Nilo Mariaca, precisó que la aplicación de la modalidad por ley supletoria se ha venido dando desde hace muchos años en el caso de la provincia de Islay, desde que se promulgó en el año 2002. Con esto, las acciones de la actual gestión municipal se respaldan en estos antecedentes para su atención, observando que la Contraloría no haya realizado similares informes de control en años anteriores.
RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA
De otro lado y como recomienda la Contraloría en su informe Nº 026-2019-2-0354, éste debe ponerse en conocimiento del Concejo Municipal Provincial de Islay, a fin de que, en relación a las deficiencias detectadas y las responsabilidades administrativas identificadas al funcionario público elegido por votación popular, dicho órgano adopte los acuerdos y/o acciones que correspondan en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades; acto que deberá constar en el acta de sesión de concejo convocada para dicho efecto.
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS
Además del alcalde Rivera, los funcionarios involucrados en las presuntas irregularidades son: Rocío Cervantes Mansilla, gerente de Desarrollo Económico; Ivonne Clemente Calisaya (Programas sociales), Renato Paredes Velazco (administración), Nilo Mariaca Carbajal (gerente municipal), y Lady Cornejo Zavala (logística), quienes presentaron sus descargos ante el Órgano de Control Interno (OCI).
