Nuevos indicios de corrupción siguen empañando el aparato estatal peruano. Menos de medio año después de que el Ejecutivo y el Congreso entraran en crisis tras la difusión de grabaciones sobre presuntos favorecimientos políticos internos, una reciente investigación periodística ha puesto el foco en el Poder Judicial y la entidad autónoma que elige a sus miembros.
El escándalo, que vincula a jueces e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), motivó este miércoles un pronunciamiento por parte del presidente de la República, Martín Vizcarra. El mandatario anunció una reforma estructural del sistema judicial en el país. Para el jurista Enrique Bernales y la abogada Cruz Silva, el mensaje es pertinente, pero la medida debe garantizar efectividad e inmediatez.
INFLUENCIAS AL DESCUBIERTO ENTRE JUECES Y CONSEJEROS
El sábado 7 y el domingo 8 de julio, el portal de investigación IDL-Reporteros publicó una serie de audios sobre presuntas coordinaciones para nombramientos y elecciones internas, favores de contratación de personal, y hasta corrupción de funcionarios en el Poder Judicial y el CNM, la institución que se supone independiente y se encarga de evaluar, designar, ratificar y destituir a todos los jueces y fiscales del país.
Las personas directamente comprometidas o mencionadas en estos audios son el presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza; el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos; el expresidente y actual consejero del CNM, Guido Aguila; y los otros dos consejeros de la misma entidad, Julio Gutiérrez e Iván Noguera.
El martes 10 de julio, el programa dominical de investigación Panorama publicó en su cuenta de Twitter otros dos audios que involucran aún más a los magistrados Ríos e Hinostroza en aparentes actos irregulares.
El presidente del CNM, Orlando Velásquez, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso luego del escándalo que vincula a su institución con aparentes actos irregulares.
El presidente del CNM, Orlando Velásquez, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso luego del escándalo que vincula a su institución con aparentes actos irregulares. | Fuente: Andina
Consultada por RPP Noticias, la abogada e investigadora de Justicia Viva, Cruz Silva Del Carpio, sostuvo que el CNM ya ha demostrado faltas éticas a lo largo de su historia. “Tachas, conflicto de interés, falta de idoneidad profesional, exceso de investigaciones fiscales, relacionamientos con personas o empresas cuestionadas y acercamientos políticos.
Problemas que en su momento se señalaron y que no tuvieron una respuesta adecuada ni del Congreso, que es la entidad encargada de la fiscalización, ni de la Fiscalía cuando las situaciones comprometían temas penales”.
Según el artículo 157 de la Constitución Política del Perú, el Congreso de la República es el ente encargado de remover a aquellos miembros del CNM que incurran en falta grave. Para el jurista Enrique Bernales, esta solución no debe ser la única. “En el corto plazo, se deben dar las sanciones, pero en el largo plazo hay que hacer modificaciones constitucionales.
El CNM no puede seguir funcionando con las atribuciones que tiene y con una composición que, desgraciadamente, favorece compadrazgos y acuerdos por debajo de la mesa. El Congreso tiene que ser consciente que no puede demorar en acceder a una recomposición y reedición sustantiva de esa institución”, dijo el también exsenador.
El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que su despacho presentará al Congreso un proyecto de reforma del Poder Judicial para el próximo 28 de julio.
El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que su despacho presentará al Congreso un proyecto de reforma del Poder Judicial para el próximo 28 de julio. | Fuente: Andina
EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, IGUAL DE ENDEBLES
El escándalo que involucra al Poder Judicial y al CNM provocó el inicio de investigaciones en la Comisión de Fiscalización del Congreso y en el Ministerio Público. Sin embargo, no son las únicas instituciones afectadas por signos de corrupción en los últimos cinco meses.
El 15 de marzo, el Parlamento había aprobado el proceso de vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski por supuestos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht. Semanas antes, el exrepresentante de la constructora en Perú, Jorge Barata, declaró ante fiscales peruanos en Sao Paulo que la compañía había pagado parte de la campaña electoral de Kuczynski en 2016.
Para el 20 de marzo, a solo dos días de que el Congreso de la República votara la vacancia de PPK, el legislador de Fuerza Popular, Moisés Mamani, presentó en conferencia de prensa una serie de videos que comprometía a tres congresistas de su bancada y a otras personas allegadas al gobierno. Las conversaciones captadas mostraban una aparente negociación de votos a favor de la permanencia de Kuczynski.
El propio Mamani realizó las grabaciones en las que los legisladores Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez tratarían de convencerlo a votar por la no vacancia.
Otras personas captadas en imágenes eran Alberto Borea, quien para ese momento ejercía la defensa legal de Kuczynski, y Freddy Aragón, ahora exgerente de políticas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
Al día siguiente, el también congresista fujimorista Daniel Salaverry publicó en su cuenta de Twitter tres audios con las voces de Mamani y del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra. Las conversaciones demostraban una coordinación para que ambos se encuentren en casa de Kuczynski. Tres horas después, el presidente leyó su carta de renuncia en cadena nacional. Su vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió el cargo el 23 de marzo.
Las grabaciones de Mamani propiciaron también una crisis en Fuerza Popular y un descalabro en el Congreso de la República. El 6 de junio, el Pleno votó a favor de la suspensión de los legisladores involucrados en los videos.
Así, Fujimori, Bocángel y Ramírez quedaron impedidos de ejercer funciones hasta nuevo aviso. En sus curules los reemplazarán, respectivamente, los legisladores accesitarios Ángel Olaechea, César Campos y María Ramos. Los tres congresistas no podrán volver a sus puestos hasta que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales resuelva el antejuicio en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.
El pasado 5 de julio, la encuestadora Datum publicó un nuevo estudio sobre la percepción ciudadana frente a las instituciones del Estado. Los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- obtuvieron notas desaprobatorias. En la escala del 1 al 20, las 1,200 personas encuestadas calificaron con 06 al Congreso de la República, mientras que al Ejecutivo liderado por Martín Vizcarra le impuso un 9,4. En medio de ambos, se ubicó el Poder Judicial, con 7,2 de nota.
