POR: DR. ROBINSON ALMANZA CABE
La provincia de Islay enfrenta un serio problema de ineficiencia en la ejecución de obras públicas. Casi la mitad de sus proyectos programados para el presente año fiscal no han iniciado, lo que implica una significativa pérdida de oportunidad para atender necesidades prioritarias de la población.
A nivel provincial, el 42% de los proyectos (86 de 205) están abandonados, lo que significa que casi 1 de cada 2 obras no ha iniciado ejecución. En monto, representan S/ 28,73 millones (veintiocho millones setecientos treinta mil soles), equivalente al 15,4% del presupuesto provincial (PIM).
En porcentaje de proyectos abandonados respecto al total, las municipalidades en peor situación son la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón (48%), Municipalidad Distrital de Islay (47,8%) y Municipalidad Distrital de Mejía (44%). En mejor posición relativa figura la MD de Dean Valdivia (29,2%), aunque el porcentaje sigue siendo alto para estándares de gestión eficiente.
En montos, las municipalidades con mayor inversión paralizada son la Municipalidad Provincial de Islay – Mollendo (S/ 12,09 millones) y la Municipalidad Distrital de Cocachacra (S/ 5,53 millones). Aunque sus porcentajes no son los más altos, el volumen de recursos inmovilizados es considerable. La Municipalidad Distrital de Dean Valdivia registra el menor impacto con S/ 1,88 millones.
Si se analiza el peso económico de los proyectos inactivos respecto al PIM, la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón (25,2%) y la Municipalidad Distrital de Mejía (24,1%) tienen cerca de un cuarto de su presupuesto detenido. En cambio, la Municipalidad Distrital de Dean Valdivia y la Municipalidad Distrital de Islay presentan menos del 10%, aunque persiste el problema.
En conjunto, el 42% de proyectos inactivos revela serias deficiencias en planificación, gestión y superación de cuellos de botella. Además, el avance provincial en ejecución es de apenas 49,4%, lo que demuestra que incluso las obras activas no progresan a buen ritmo.
Esta parálisis, que implica S/ 28,7 millones (veintiocho millones setecientos mil soles) sin uso productivo, limita la capacidad de respuesta a necesidades urgentes y mina la confianza ciudadana.