POR: DR. ROBERTO TITO CONDORI PÉREZ
Según información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), varias municipalidades de Moquegua muestran bajos niveles de ejecución de inversión pública durante el 2026, reflejando fuertes diferencias en capacidad de gestión entre gobiernos locales.
En el ranking destacan positivamente municipalidades como Chojata (76.5 %) y Puquina (52.1 %), las cuales superan ampliamente el promedio esperado, evidenciando capacidad de gestión y carteras de proyectos mejor estructuradas.
En un segundo nivel, Samegua (36.2 %), Ilo (35.4 %) y Cuchumbaya (32.3 %) alcanzan rangos considerados “buenos”, alineándose con el estándar técnico.
MUNICIPALIDADES CON BAJA EJECUCIÓN
La parte crítica se concentra en las municipalidades con calificación “regular buena” (entre 22 % y 26 %), donde se encuentran entidades con alto peso presupuestal como Mariscal Nieto (26.0 %), Torata (24.7 %) y San Antonio (23.4 %).
La situación resulta más preocupante en el grupo con calificación “regular mala” y “mala”, donde los niveles de ejecución caen por debajo del 20 % e incluso del 10 %, como en Coalaque (5.9 %), Matalaque (10.3 %), Lloque (11.4 %) e Ichuña.
Este patrón muestra una débil conducción de las inversiones públicas, con posibles problemas en la priorización de proyectos, limitada asistencia técnica y alta dependencia de factores externos como transferencias o aprobación de modificaciones presupuestales.
RIESGOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
Las consecuencias de esta baja ejecución son múltiples: desempleo, escasas remuneraciones y aumento de pobreza. Si la inversión pública decae, entonces también se debilita el crecimiento económico.
Se puede afirmar que el desempeño de Moquegua refleja una gestión heterogénea, donde pocos gobiernos locales alcanzan estándares adecuados, mientras la mayoría presenta rezagos significativos.
Esta situación exige intervenciones urgentes en fortalecimiento de capacidades, simplificación administrativa, asistencia técnica especializada y mecanismos de seguimiento y control más rigurosos para asegurar una ejecución eficiente y oportuna de la inversión pública.
