POR: EDGARD NORBERTO “BETO” LAJO PAREDES
Con preocupación se ha observado a candidatas y candidatos a las elecciones municipales, de todas las tendencias y matices, sin excepción, en agotadoras e interminables gestiones, a fin de lograr la correcta y oportuna confección de listas municipales; luego, la inscripción ante el JEE. Y lo han hecho solitariamente, sin el necesario y orientador acompañamiento de la organización política a la que pertenecen. Encima, han tenido que pagar al partido por los escritos de inscripción, subsanación, apelación y otros.
Los engorrosos trámites empezaron con las elecciones primarias, las cuales están reguladas en la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas; el Reglamento de Elecciones Primarias, aprobado mediante RJ N.° 000187-2025-JN/ONPE, emitido por la ONPE; y el estatuto del partido político o movimiento regional. Normatividad poco conocida por los afiliados, muchas veces con contradicciones entre las tres disposiciones, prevaleciendo lo establecido en el estatuto, generando situaciones de incumplimientos y riesgos de no alcanzar la inscripción correspondiente.
El otro problema detectado es en la elaboración del plan de gobierno municipal, donde la mayoría ha tomado como referencia el resumen recomendado por el JNE de considerar cuatro dimensiones, conforme a la Resolución N.° 0848-2025-JNE, Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 2026, en cuyo Anexo 3 está el “Plan de Gobierno y Formato Resumen del Plan de Gobierno”. Es decir, han hecho el plan de gobierno sobre la base del formato resumen, mas no del “contenido mínimo”, siendo muy pocos los que han cumplido con este contenido mínimo.
No existen planes de gobierno seriamente elaborados porque, sencillamente, no se puede hacer un buen plan de gobierno completo de la noche a la mañana o en víspera de inscripción de la lista edil. Un plan de verdad requiere tiempo, un año; participación de varios equipos, técnicos, afiliados y ciudadanos; recabar información del INEI, censos de 2025; planes de desarrollo local concertados de los propios gobiernos locales; lineamientos del CEPLAN; informes técnicos de las gerencias de Planeamiento y Presupuesto de las municipalidades, que nunca lo hacen. En otras palabras, se van a ver modestos e inadecuados planes de gobierno local que no van a servir de orientación a los electores; incluso, no van a ser conocidos por los candidatos a regidores, y los mismos candidatos a alcaldes van a proponer cosas no indicadas en sus planes de gobierno.
Por último, se tiene el serio problema del impacto negativo en la inversión pública con el cambio de autoridades municipales. Se tiene información de una caída de hasta 15 % en la inversión pública municipal; además, paralización de obras, pues las nuevas gestiones suelen detener las obras heredadas, realizando auditorías; reemplazo de personal, donde los recientes gerentes toman su tiempo para informarse, cuya rotación de funcionarios frena la continuidad administrativa; cambio de prioridades, modificando expedientes técnicos o recogiendo nuevas iniciativas; obras en ejecución que no las culminan, concluidas físicamente que no las liquidan, o terminadas completamente que no les dan mantenimiento.
Con estos problemas, es fácil augurar que no habrá ni siquiera gestiones ediles regulares en los próximos cuatro años. Ante tal panorama, ¿Qué hacer? Asumir nuestra responsabilidad, vecinos y vecinas, de “ejercer el derecho y deber de participar en el gobierno municipal”, con el propósito de suplir las falencias detectadas, consiguiendo que se realicen buenas gestiones municipales. Sí es posible.
