POR: POLITÓLOGOS ANDY PHILIPPS Y ESTEFANY PACHO
Dina Boluarte ha convocado a elecciones generales para el 12 de abril de 2026. Lo hizo pocos días después de que el Congreso censurara a su ministro más defendido, Juan José Santiváñez, tras una ola de presión ciudadana y dos semanas antes de que venza el plazo legal para hacerlo. Semanas antes, Boluarte había dejado saber su deseo respecto al próximo presidente: “ojalá sea una mujer”. Hasta ahora, la única candidata en campaña es Keiko Fujimori.
¿Por qué la coalición autoritaria se apresuró convocando elecciones? ¿El Congreso vacará, ahora sí, a su presidenta?
LA COALICIÓN AUTORITARIA SE ASUSTÓ
El 21 de marzo tuvo lugar la marcha más concurrida de los últimos dos años bajo la consigna “No queremos morir”. La protesta, que incluyó gritos de “Dina asesina” y “Que se vayan todos”, sumó por primera vez el respaldo de empresarios y artistas del sector cultural y televisivo, tras el asesinato del cantante Paul Flores, de Armonía 10.
Este episodio coincidió con el punto más bajo de aprobación de Dina Boluarte: según el IEP, solo el 4 % de los peruanos aprueba su gestión, mientras que un 93 % la rechaza. Esto la convierte, según encuestadoras internacionales como CID Gallup y CB Consultora, en la jefa de Estado con peor aprobación de la región.
En ese contexto, el congresista Jorge Montoya expresó su temor de forma honesta: “Se está repitiendo lo que pasó con Merino […]. Estamos en la etapa de exacerbar el ánimo de la población […], luego de eso vienen las marchas y después la desestabilización total y el pedido de vacancia”.
Tres días después de la movilización, Boluarte anunció elecciones generales. ¿Casualidad? Todo indica que el objetivo era debilitar una movilización en alza y que señalaba al Gobierno y al Congreso como responsables de las altas tasas de criminalidad. “Ya nos vamos, tranqui”, pareció decir.
El efecto fue inmediato: en pocas horas, el debate en medios y sectores críticos varió. Se dejó de hablar de censurar al premier o vacar a la presidenta, y se comenzó a discutir sobre el calendario electoral y qué partidos quedarían dentro o fuera de la contienda.
MI IMPUNIDAD PRIMERO
Desde hace unas décadas, la política o el cargo político dejó de ser el campo de la batalla de ideas y el medio para mejorar la vida de las personas, para ser entendido como un botín para negociar con él.
Esto se ha exacerbado en los últimos años. Según la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, Boluarte acumula 34 denuncias. Los casos más graves los conocemos muy bien en el sur: la muerte de 49 personas en las protestas y el “Rolexgate”. Desde diciembre, se añade una investigación más por abandono de funciones, donde ya se ha evidenciado —con fotografías y actas médicas incluidas— que la presidenta mintió y sí fue sedada e internada durante dos noches tras someterse a cuatro cirugías estéticas.
A pesar de esto, la mayoría congresal no vacará a Boluarte por, al menos, tres poderosas razones. La primera es que su permanencia garantiza respaldo a cada contrarreforma impulsada desde el Legislativo. Mientras se mantenga en el cargo, todo eso seguirá avanzando sin mayor resistencia. La segunda es que, al término de su gobierno, los partidos que integran la coalición autoritaria (Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú o Acción Popular) y sostienen a Boluarte, podrán tomar distancia, culparla y remarcarla como “parte de la plancha presidencial de Perú Libre” y un “gobierno de izquierda”.
Una jugada política que, en el fondo, busca proteger intereses y deslindar de responsabilidades.
FAVOR CON FAVOR SE PAGA
La tercera razón por la que Boluarte no será vacada está relacionada con la búsqueda de impunidad de ida y de vuelta. El Congreso necesita a Dina para que guarde silencio y siga promulgando contrarreformas que les facilitan la continuidad en el poder y la inmunidad propia del cargo, como la creación del Senado, la captura del Tribunal Constitucional y la Defensoría, el debilitamiento de la Fiscalía de la Nación y la JNJ, la aprobación de que familiares de congresistas contraten con el Estado, así como la captura de los entes electorales y los cambios en las reglas electorales, las mismas que suman ya 140.
Y Dina, por su parte, necesita al Congreso. Lo ha dejado entrever más de una vez. Pensando quizá en un retiro cómodo (¿un país donde la CIDH no tenga competencia?), le conviene que la próxima presidenta sea Keiko, López Aliaga, Acuña u otro miembro de la coalición autoritaria, pues sabemos cómo esta funciona: favor con favor se paga.
