POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS    

Pese a la aceptación ciudadana que supera el 70%, y ad portas de culminar su mandato el actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, cosecha una importante movida ciudadana como reacción a su iniciativa de reforma judicial, que quisiera dejar como huella de su gestión;  la propuesta de ley que acaba de ser aprobada por la Cámara de Diputados y pendiente de una descontada ratificación senatorial, considera la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados, la reducción de la Suprema Corte, la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina.

Lo que viene generando encono, es quizás que todos los jueces federales, especialmente los ministros de la Suprema Corte, serán elegidos por el voto ciudadano expresado en las urnas y a partir del próximo año; desde las fuerzas políticas a favor de la reforma el fundamento es “combatir los actos de corrupción y agilizar la impartición de justicia”.

Bolivia, no está muy distante de este contraste, aunque aquí no se trata de una iniciativa de reforma, sino que ya está determinado así en la Constitución, y las observaciones inciden en la eficacia de este tipo de procesos. Con un año de retraso, este próximo 1 de diciembre irán a las urnas para elegir mediante voto popular obligatorio -ya por tercera vez, antes el 2011 y 2017- sólo a los 26 magistrados del Consejo de la Judicatura, de los Tribunales Constitucional, Agroambiental y de Justicia; cuidando de la representación de mujeres e indígena. La peculiaridad es que la Asamblea Legislativa Plurinacional es quien realiza una preselección de los postulantes por cada departamento y luego envía al Órgano Electoral, para la organización del proceso electivo.

La experiencia boliviana evidencia la politización del proceso y una elevada corrupción en la judicatura, que coloca sobre la mesa de análisis, su escaso aporte en la mejora de la administración de justicia, a efecto de ello, son reiterados los cuestionamientos, especialmente de entidades internacionales. Sin embargo, el problema mayor es la deslegitimidad del proceso, los votos nulos y blancos han sido los ganadores, nunca bajaron del 60% de los votos emitidos, a lo que el propio formato electoral, colocado como salvaguarda para la independencia de los candidatos, lo construye: la prohibición de las campañas y por ende el desconocimiento de los electores.

Y como no podía faltar, se pronunció el Embajador de Estados Unidos en México, alegando que la reforma judicial ponía en riesgo las relaciones comerciales entre ambos países, lo que resulta paradójico, pues en EEUU se apela a la elección popular de los jueces, aunque con matices; tienen un “sistema dual”, la elección popular de los jueces solo se hace a nivel estatal más no de los tribunales federales, aunque este último sean los que resuelvan los casos más emblemáticos y populares. La Suprema Corte, con nueve jueces, su máxima instancia judicial con competencias constitucionales, es elegidos por el presidente de los Estados Unidos, luego deben ser confirmados en el cargo por el Congreso. En lo que respecta a los jueces que provienen de la elección popular, tampoco es un tema pacifico, especialmente en estos últimos años de radicalización de la política, a lo que las elecciones populares de jueces no han estado ajenas, se ha evidenciado fuertes donativos sumado a acciones populistas, que no permiten construir garantías de imparcialidad, lo que está motivando a revisar la generalización del modelo federal de designación política.

Es indudable que no hay modelo perfecto, todos tienes sus virtudes como defectos, y cualquiera que sea el modelo que se impulse, se persigue la noble aspiración de la mejora del sistema de justicia, no puede pasar por alto que cualquier reforma judicial no puede hacerse al margen de la atención a los problemas estructurales. México se inclina esta vez por la elección popular de sus jueces, fuertemente resistido; Bolivia, ya lo tiene y los resultados no son nada alentadores, los defectos de ayer se mantienen incólumes.

Y como andamos por casa. Los magistrados del Tribunal Constitucional, son elegidos por el Congreso, por mayoría calificada; jueces y fiscales, cualquiera sea su nivel son elegidos por concurso a instancia de la Junta Nacional de Justicia y esta última, es integrada por siete miembros, elegidos por concurso público de méritos. Solo está permitida la elección popular para el caso de los jueces de paz, aunque nuestra Constitución deja abierta la posibilidad de que los jueces de primera instancia, pueden elegirse por esa modalidad, lo que no ha ocurrido. Sin embargo, debemos señalar que el proceso de elección popular de jueces de paz, de un primer desconcierto y limitada sensibilidad, gradualmente ha ido acentuándose, recogiendo importante participación ciudadana, que propone legitimidad a los procesos, aunque también es cierto, que no necesariamente ha permitido elegir a los mejores.

Lo que genera desazón es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, si bien se apeló a una reforzada votación para la elección de cada uno de ellos, buscando los mayores consensos y la necesidad de una mayor articulación en nuestra representación política, para que quienes salgan elegidos no estén vinculados a esa decisión política y asuman con independencia su responsabilidad de defender nuestro orden constitucional, esa sana e ingenua perspectiva, rápidamente se vino abajo; respondiendo a nuestro escaso compromiso democrático y lealtad constitucional, pronto se acudió a una suerte de “repartija” de magistrados por grupo político y cuyas consecuencias las compartimos sin mucho esfuerzo, hoy nuestro Tribunal Constitucional es una subsidiaria del Congreso.

Tenemos graves problemas estructurales, la informalidad impera por doquier, el marketing político empodera con facilidad, el ciudadano de a pie no está involucrado con nuestro quehacer institucional y sería fácil presa del argumento populista; no estamos preparados, no ofrecemos las condiciones mínimas para impulsar un proceso de elección popular de los jueces. Si bien nuestra constitución asienta como principio rector, que “la potestad de administrar justicia emana del pueblo”, no nos dice que necesariamente nuestros jueces deben provenir de elección popular, lo que no quiere decir que nuestros sistemas lectivos sean lo mejor o por lo menos que cumplen los estándares mínimos, son deficientes, aunque ciertamente no nos ha privado de contar con algunos buenos jueces y fiscales. Considero que el modelo asumido con la Junta Nacional de Justicia, es idóneo, claro con algunos necesarios ajustes, reforzando los filtros y trasparentando en lo más mínimo los procesos, para comprometer el escrutinio público, nos debe permitir contar con jueces y fiscales, competentes, con intachable conducta y probidad manifiesta. Una buena administración de justicia es sinónimo de buena democracia, mucho por hacer.