POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Fue el Poder Ejecutivo quien acudió a la OEA, alegando riesgos para la estabilidad democrática en nuestro país y cuya respuesta fue aprobada por aclamación, luego distintas entidades nacionales se sumaron, otorgándole mayor legitimidad para su presencia en el Perú al Grupo de Alto Nivel, pero advertidos que su informe no necesariamente tendrá el carácter de vinculante y recabará pareceres distintos para un diagnóstico objetivo y liberado de cualquier sesgo; sin embargo, casi en paralelo, el mismo Ejecutivo planteó Cuestión de Confianza y para no estropear la dinámica de estos tiempos, desde el Congreso, la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final contra el presidente por sus impertinentes declaraciones con referencia a Bolivia, convertidas en traición a la patria, si bien recientemente fue desestimada por pronunciamiento del Tribunal Constitucional. La pregunta, se cae de madura, ¿a qué están jugando nuestras dos principales instituciones políticas? Otra desautorización más, tal cual ocurrió con el cardenal Pedro Barreto o el propio Acuerdo Nacional, en su intención de generar diálogo y salidas democráticas a la crisis.
Las radicales posiciones de la campaña electoral, se reubicaron en la contraposición Ejecutivo-Legislativo ya en el ejercicio propio de la función, una mayoría contraria al gobierno se instaló en el parlamento asociados con grupos de poder y determinados medios de comunicación, acudieron a una sistemática y visceral oposición; y nada distante el Gobierno, con su impericia, torpeza, improvisación y recurrentes carencias, redefinen sus roles, respondiendo su actuar a un instinto de supervivencia. Dos iniciativas legales que en su momento no generaron un rechazo radical, hubo cierta pasividad, si bien se plantearon sendas demandas de inconstitucionalidad, hoy recobran espacio, pues son parte del renovado choque de poderes: la ley que acota la cuestión de confianza y la ley que precisa la participación ciudadana en materias de reforma constitucional.
Estamos inmersos en una coyuntura donde se instrumentalizan distintos institutos constitucionales, sembrando inestabilidad y desgobierno, conceptuados para darle a la sociedad sosiego y estabilidad. Instrumentos, que, de un tiempo a hoy, se han convertido en cotidianos, cuando previstos para circunstancias excepcionales, no hacen más que profundizar la brecha de su propia deslegitimidad y el quiebre del estado democrático, por la desafectación ciudadana que van dejando en ese tenue y peligroso caminar. Inhabilitación, suspensión, cuestión de confianza, censura, vacancia, disolución, acusación constitucional se nos proponen comunes y distantes de las implicancias que hay detrás de cada uno de estos institutos jurídico constitucionales.
Aún más delicado, resulta el involucramiento de otros órganos constitucionales, como el Ministerio Público en su intento forzado de reinterpretar la Constitución y soslayar los límites que ésta regula o el Tribunal Constitucional, renovado casi en su integridad por el actual parlamento-excepto el magistrado Augusto Ferrero Costa-, que extrañamente responde a un forzado principio de oportunidad, para interactuar con sus decisiones en el contraste de los verdaderos actores políticos. Incluso en esta manifiesta y ya crónica crisis política, dada la envergadura e imprevisibles consecuencias para el orden público constitucional y ante la omisión presidencial de convocar al Consejo de Estado, instancia donde participan los titulares de los órganos constitucionales, acaba de ser convocado por la presidenta del Poder Judicial, como no ocurrió antes.
El menú político, para estos días se propone interesante, porque de tanto forzar nuestras disposiciones constitucionales, sin que lo adviertan sus impulsores, estamos ingresando a una etapa de definiciones. En el dilema disolución-vacancia, se impulsaron distintas regulaciones normativas y decisiones-limite. Esa intención de disolución del Congreso a través de utilizar las cuestiones de confianza por el hoy ex Premier Aníbal Torres, ha generado un sorpresivo espíritu corporativo, pues se han sumado parlamentarios oficialistas a contradecir esta intención, en el explícito ánimo de no querer irse.
La Cuestión de Confianza inicialmente solicitada sobre el proyecto de ley que deroga la ley 31355, no obstante que fue impugnada mediante demanda por Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, y este resolviera por su constitucionalidad, concluyó con el archivo del proyecto en la Comisión de Constitución. Sin embargo, hervía la sangre, y el Ejecutivo impulso una nueva Cuestión de Confianza, pero esta vez sobre la ley 31399, presentando un proyecto de ley para derogarla, en palabras del Ejecutivo: “esa ley desnaturalizó el derecho ciudadano a la participación política, de manera directa y sin intermediaciones, el derecho al referéndum”, no obstante que también el Ejecutivo planteó una demanda de inconstitucionalidad y sobre la que el Tribunal Constitucional ha anunciado que ya resolvió declarando por mayoría infundada la demanda, cuyo tenor de la sentencia aún no se ha hecho pública. Ambos normas nos parecen un despropósito jurídico, porque la primera rompe con el principio fundamental del estado democrático constitucional, cual es el principio de separación de poderes y la segunda es una regresión al derecho ciudadano de participación, cuando la dinámica del estado contemporáneo exigen mayores espacios de involucramiento ciudadano, siendo lo real y concreto que a pesar de, han sido declaradas constitucionales por el órgano de cierre de la interpretación de la Constitución, el Tribunal Constitucional.
Sobre la última Cuestión de Confianza, la Mesa Directiva ha rechazado de plano la cuestión de confianza “por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de una cuestión de confianza”; respondiéndose desde la esquina contrincante, es decir el Ejecutivo, que la confianza ha sido rehusada, y en consecuencia el premier renunció conjuntamente con su Consejo de Ministros; pero sobrevinieron dos actos más, la juramentación de un nuevo Consejo de Ministros, que en su composición evidencia un gesto de provocación, y por otro lado el Congreso, que aprobó presentar una demanda competencial acompañada de una medida cautelar. Y una vez más la incertidumbre política y jurídica. Consideramos, que tienen que primar, nos guste o no, las decisiones del Tribunal Constitucional y el actuar de ambos poderes del Estado deben ceñirse a los parámetros de los criterios interpretativos desarrollados en sus sentencias por este órgano y afecto de ello, si bien esto no nos libera de la crisis política en que estamos inmersos, se van clarificando escenarios, reduciendo discrecionalidad a los impulsos políticos.
Si el Ejecutivo entendiera que se le ha negado la confianza en dos oportunidades, y decide por la disolución del Congreso o si el Congreso entendiera que el presidente ha incurrido en infracciones constitucionales y pasible de una destitución, tal como está el escenario político, damos por descontado que el árbitro serán los ciudadanos, ante tanta incertidumbre y nula disposición por darle al país una oportunidad de estabilidad e institucionalidad. Es cierto que el congreso dispuso cuarto intermedio para las iniciativas sobre adelanto de elecciones, pero más cierto es que la paciencia e impotencia están sobrepasando los límites de la ponderación.