POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Al tiempo de haber culminado su segundo mandato presidencial, el doctor Alan García Pérez concedió una entrevista a la periodista Milagros Leyva, quién le preguntó cómo se sentía después de las acusaciones políticas en su contra. El exjefe de Estado respondió que bien, puesto que éstas son como su nombre lo dice: Políticas; agregando que sí debiera preocupar cuando existen investigaciones de índole penal.
Esto último es exactamente lo que está ocurriéndole a la aún Congresista de la República, Sigrid Tesoro Bazán Narro. Hace algunos meses la prensa descubrió que, en el 2013, una veinteañera Bazán Narro, sin ingresos, compró al contado una casa por US$ 165 mil, invirtiendo S/ 240 mil en remodelarlo, para venderlo cuatro años más tarde en US$ 435 mil. Con ese dinero adquirió en el 2020 un lujoso departamento por US$ 330 mil, financiado en mínima parte con crédito hipotecario (US$ 30 mil). Entonces, tuvo que responder; o mejor dicho, se vio obligada a ello. Y ahí empezaron sus problemas. En todo este tiempo ha dado hasta seis versiones, todas distintas entre sí. Pasando por “el dinero fue producto de ahorros familiares”, hasta “mi padre retiró sus fondos de la AFP para dármelo”. Lo cierto es que cada vez que ensayaba una nueva explicación, más se enredaba.
Y, como suele decirse “tanto da el cántaro al agua, que termina por rebalsarlo”. Así, desde la cuadra 5 de la Avenida Abancay en el centro de Lima la venían observando, pacientemente, cada una de sus palabras. Hasta que el Ministerio Público decidió abrirle investigación preliminar por presunto lavado de activos.
Sin embargo, en toda esta telaraña de turbios movimientos dinerarios, un actor está pasando desapercibido y resulta de gran interés: la Unidad de Inteligencia Financiera. Creada por Ley N° 27693, está facultado -entre otros- a “comunicar al Ministerio Público mediante informes de inteligencia financiera aquellas operaciones que luego del análisis e investigación respectivos, se presuma que estén vinculadas a actividades de lavado de activos, sus delitos precedentes y al financiamiento del terrorismo, para que proceda de acuerdo a ley. Su reporte tiene validez probatoria al ser asumido por el Fiscal como elemento sustentatorio para la investigación y proceso penal” (Artículo 3°), agregando como sujetos obligados a informar, entre otros, “Las personas jurídicas o naturales que reciban donaciones o aportes de terceros” (Artículo 8°).
Asimismo, al interior de las entidades bancarias se encuentra el Oficial de Cumplimiento encargado de “emitir un informe semestral sobre el funcionamiento y nivel de cumplimiento del sistema de detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo por parte del sujeto obligado. Este informe debe ser puesto en conocimiento del Directorio del sujeto obligado a informar, en el mes calendario siguiente al vencimiento del período semestral respectivo y alcanzado a la UIF-Perú y al organismo supervisor del sujeto obligado, si lo tuviere, dentro de los quince días calendario siguientes a la fecha en que se haya puesto aquel en conocimiento del Directorio o similar de la persona jurídica”.
En esa misma línea, la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaft) refiere que, según informes de la UIF (enero de 2013 a agosto de 2022), el monto involucrado en los casos de lavado de activos asciende a US$ 12,833 millones.
Aquí surge la interrogante ¿por qué no detectó la UIF, o preliminarmente el Oficial de Cumplimiento, las transacciones sospechosas de la señorita Sigrid Bazán? Es evidente que nos referimos a sumas dinerarias bastante considerables. Respuesta que será necesario obtener.
Como sea, el tesoro que bien escondido lo tenía Sigrid ha salido a la luz, y en un mediano plazo podría estar en manos de los Juzgado Especializados de Extinción de Dominio.
