POR ABOG. JESÚS MACEDO GONZALES
Les propongo reflexionar, con indignación y firmeza, sobre la reciente decisión de elevar el salario presidencial a 35 000 soles mensuales. ¿Es legítima? ¿Es oportuna? ¿Sirve de algo al país? Intentaremos desmenuzar estas preguntas desde una mirada constitucional, ética y ciudadana, manteniendo, eso sí, la calidez y la indignación bien fundamentada de quienes amamos al Perú.
Si bien es cierto hay jerarquía constitucional en el servicio público, ¿dónde queda el mérito? El artículo 39 de la Constitución recuerda que todos los funcionarios estamos al servicio de la Nación y que el presidente encabeza esa jerarquía. En principio, que la máxima autoridad gane más que sus subordinados parece lógico. Sin embargo, vale la pena recordar que, en su segundo mandato, Alan García fijó un precedente político (demagógico o no) al reducirse el sueldo a la mitad: desde entonces la remuneración presidencial fue de 15 600 soles.
La comparación regional latinoamericana para subir el sueldo de la presidenta es un argumento incompleto. El Ministerio de Economía alega que el nuevo monto se calculó con base en los sueldos de otros mandatarios latinoamericanos. Pero la soberanía salarial no se decreta mirando el bolsillo ajeno, sino respondiendo a realidades internas: productividad, recaudación, confianza ciudadana. Compararse con Chile o Colombia sin considerar los niveles de inversión pública, calidad de servicios o legitimidad democrática equivale a mirar solo la vitrina, no el costo de fabricar el producto.
El servicio civil establece varios principios que parece al Ministerio de Economía no le importa. La Ley del Servicio Civil (30057) habla de interés general, eficacia, eficiencia y mérito. El interés general. Pregunta incómoda pero necesaria: ¿sentimos que esta presidencia haya mejorado la vida cotidiana de la mayoría? La eficacia y eficiencia de su gestión se puede medir: si cuenta con más del 90 % de desaprobación y serias crisis sociales, cuesta sostener que las metas estatales se cumplan con excelencia. El mérito es otro elemento que se debe tener en cuenta para pagar bien a un funcionario, y una mejora salarial se gana demostrando resultados. ¿Cuáles son los méritos de gestión que respaldan este aumento?
Por otro lado, el Congreso está que se corta las venas con el sueldo de la presidenta cuando ellos ganan más. No olvidemos que el Congreso —con su propio sueldo y presupuesto crecientes— mantuvo en el cargo a la presidenta cuando pudo exigir otras salidas. Hoy varios parlamentarios claman austeridad, pero su propio gasto no se ha reducido; al contrario, la propuesta de bicameralidad con senadores y diputados asumirá curules y costos adicionales.
Frente a esta desconexión entre gobernantes y gobernados, la ciudadanía tiene dos armas poderosas: información y movilización pacífica. Organizarse, debatir con argumentos, recordar que la calle puede recordarle al poder su verdadero empleador: el pueblo. Subir el sueldo presidencial sin un sustento ético, sin resultados palpables y sin meritocracia es un mensaje de indignación e injusticia de una señora que decía que con 10 soles una madre puede dar de comer a una familia. Es decir, ¿importa cobrar más y no servir nada? La gente que no sirve al ciudadano no debería estar en el poder.
