POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Por supuesto que el político está sujeto a críticas, a objeciones, especialmente de las contrapropuestas políticas; es parte del juego democrático: se gana o se pierde. Quien gana asume la conducción, quien pierde asume una función crítica constructiva, con la responsabilidad de ayudar a una buena gestión, porque de sus resultados todos se benefician o perjudican. Los tiempos han cambiado radicalmente; la oposición no sólo es crítica, sino también destructiva, y empieza por desconocer los resultados, empañando procesos, enlodando instituciones y generando desconfianza en la propia democracia, bajo la cual impugna todo lo diferente a sus intereses.
Los resultados electorales, desde la perspectiva ciudadana, propician expectativas, la posibilidad de cambio, de romper con el anacrónico statu quo. Se cierne una renovada confianza, aun en la posibilidad de una escasa diferencia porcentual de votos con el segundo en el escrutinio; se levantan banderas de renovadas confianzas. No brillan en sus sonrisas monopolios de esperanzas; se abren a todos como el renacimiento de la solidaridad. También se suscitan accesos al poder, si bien apegados a la norma, pero ausentes de toda legitimidad. Desde los primeros días, las protestas y sus efectos reactivos manifiestan distanciamiento ciudadano y un ejercicio de autoridad sólo sostenido por la ley.
Nuestro sistema democrático se sostiene en agrupaciones políticas, y solo a través de ellas se puede acceder al ejercicio de gobierno: un ideario, un programa de gobierno, una estructura partidaria y una vasta militancia perfilan la postulación y el éxito electoral, que es el objetivo perseguido. Un ascendente interno facilita las opciones para los principales cuadros de candidaturas, y hay un indesligable y estrecho vínculo partidario que se convierte en un necesario soporte político para confrontar las distintas vicisitudes que el devenir político les irá proponiendo.
Coloco estas tres premisas iniciales para ubicarnos en la escena política en que se encuentra la mandataria Dina Boluarte, inmersa en la más absoluta soledad del poder, sin más lealtades que las de quienes la acompañan en los cargos públicos, obviamente de confianza. Quienes deploraron los resultados electorales, aquellos que apelaron a argumentos vedados, son quienes dan las líneas maestras para la conducción del país. Más allá de la limitadísima aceptación ciudadana, no creo encontrar en nuestra historia republicana a jefe de Estado alguno con tan ínfima legitimidad; no puede asistir a una actividad pública, sea en Lima o provincias, en que el reproche ciudadano no se manifieste. Aun compartiendo esta endeble democracia, requiere de un fuerte contingente policial que hoy ya no sólo vela por su seguridad personal —sería comprensible—, sino también para evitar los bochornosos rechazos públicos.
No tiene partido político; su hermano Nicanor Boluarte intenta instrumentalizar las prefecturas y gobernaciones. Tampoco tiene bancada parlamentaria; llegó con Perú Libre y fue expulsada. En las últimas semanas del gobierno de Pedro Castillo, dejó el gabinete ministerial por recelos políticos con Betssy Chávez, lo que evidencia que fue parte de su gobierno. Aun así, bajo las previsiones constitucionales y en su condición de vicepresidente, asumió la presidencia, sin más emociones que la de los opositores a Castillo, de quien era su lugarteniente. En lo personal, no tiene liderazgo, carece de carisma, no congrega multitudes, no tiene la natural verborrea del político que seduce al pueblo; su aptitud y olfato político naufragan en lo ordinario. Como articuladora política, solo muestra disposición convenenciosa y escasamente convocante.
¿Qué es lo que sostiene en el poder a Dina Boluarte? En nuestro esquema político, esta “aparente estabilidad política” es consecuencia de un animus de sobrevivencia por parte del Congreso y hasta donde les sea posible y necesario. Ambos poderes conjugan muy bien el “mírame, pero no me toques”; es el Congreso quien está delineando la política general de gobierno, con la permisividad de órganos como el Tribunal Constitucional, que le da licencia para inmiscuirse en el gasto público o para establecer prioridades de inversión conforme las fuerzas gravitantes del Congreso lo sugieran o delinear nuestra política exterior. Los foros internacionales, como la próxima cumbre APEC, no se interesan en nuestro país por la solvencia democrática del gobierno, sino en salvaguarda de sus propios intereses e inversiones.
Bajo este turbio panorama, acaba de presentarse una segunda denuncia contra la presidenta Boluarte ante el fiscal de la Corte Penal Internacional. El Ministerio Público ha vuelto a formular denuncias ante el Congreso de la República, aunque sabemos lo acotada que está esa posibilidad en tanto esté en ejercicio del cargo, por mandato expreso de la Constitución. Más temprano que tarde, terminará su mandato. Su futuro no es incierto; es claro: le sobrevendrán acusaciones políticas y judiciales de todo calibre y desde distintos frentes. Ya no será “un instrumento político útil” para manipular el poder político; será momento de la rendición de cuentas. Estos oportunistas aliados de hoy serán los primeros acusadores, para deslindarse de las responsabilidades y congraciarse con los votantes. No existirá grupo político alguno que la defienda, ni mucho menos ciudadanos que acudan a su auxilio político. Serán los tiempos de la ley y la verdad.
La política tiene la particularidad de girar rápido y permite acomodos, casi inadvertidos, pero también asesta duros golpes; muchas veces es revanchista y otras veces coloca las cosas en su real dimensión y, por lo general, vuelve a las personas al lugar donde partieron. La actual presidenta, desde una perspectiva política, tiene un futuro sombrío. “Pepe” Mujica decía que la política no cambia a las personas, más bien las hace mostrarse tal como son.
