POR: ABOG. LUIS MIGUEL CAYA SALAZAR
Lo que acaba de ocurrir en la Corte Superior Nacional no es una simple resolución judicial. Es un acto político con toga y martillo, un mensaje devastador para quienes aún creen en la justicia. La Sala decidió dejar en libertad a Martín Vizcarra, acusado de recibir millones en sobornos cuando era gobernador de Moquegua.
¿La razón? Para los magistrados, la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía era “improcedente” porque se planteó en etapa de juzgamiento. Un argumento procesal que, en la práctica, borra de un plumazo el debate sobre lo esencial: el peligro real de fuga.
Ese peligro no es hipotético. Fotos y videos lo muestran llegando en avioneta a Santa Rosa, en plena frontera con Brasil y Colombia, un lugar perfecto para desaparecer. Informes policiales advierten la posibilidad de pedir asilo en Bolivia o Brasil, siguiendo el libreto de Nadine Heredia. Incluso desde prisión, Vizcarra se dio maña para hacer política, llamando en vivo a un medio de comunicación y lanzando mensajes proselitistas. ¿Y qué hizo la Sala? Prefirió mirar el calendario procesal antes que la realidad.
El formalismo le ganó a la justicia. Los jueces de la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada no dijeron que Vizcarra es inocente, ni que no exista riesgo de fuga. Solo concluyeron que el pedido fiscal llegó en el “momento procesal inadecuado”. Un tecnicismo convertido en salvoconducto.
El resultado es claro: hoy Vizcarra está libre. Libre para recorrer el país como candidato inhabilitado, libre para mover fichas políticas y, lo más grave, libre para subirse a un avión privado y desaparecer cuando la sentencia se acerque. Tiene la logística, los recursos y el cinismo suficiente para hacerlo.
Más que un acto de justicia, esta resolución es un regalo judicial. Un mensaje desolador: si fuiste presidente, si tienes poder mediático y contactos, siempre habrá un resquicio legal para escapar.
La historia juzgará a los tres magistrados que firmaron este fallo. Tal vez digan que actuaron conforme a derecho. Pero lo cierto es que con su decisión no fortalecieron la justicia, la debilitaron. Abrieron la puerta para que el “lagarto” Vizcarra vuelva a hacer lo que mejor sabe: escabullirse.