Las actuales autoridades, encabezadas por la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutierrez Ayala, y el alcalde de la provincia de Mariscal Nieto, John Larry Coayla, están bajo investigación por no tomar medidas preventivas ante el desborde del río, que ha causado daños significativos en el malecón ribereño.

Aunque se reconoce que la obra en cuestión fue mal ejecutada en gestiones anteriores, la gobernadora regional, en su calidad de presidenta de la Plataforma Regional de Defensa Civil Moquegua, debió ordenar acciones preventivas mucho antes. Lamentablemente, estas medidas parecen estar siendo implementadas ahora, cuando los daños ya son evidentes.

Las exautoridades, como Martín Vizcarra Cornejo y el exalcalde Abraham Cárdenas Romero, también están siendo señaladas por su responsabilidad en esta obra que, aparentemente, fue mal concebida. Ambos deben rendir cuentas sobre el contrato firmado con el Consorcio Vial Samegua, el cual ha resultado en una obra incompleta y vulnerable a los embates del río.

PARA VARIAR, UNA OBRA DE VIZCARRA

La obra, iniciada en 2020 con un presupuesto de más de 63 millones de soles, no ha sido concluida después de cuatro años, y el río ya ha causado estragos en varios tramos. Además, se ha revelado que el presupuesto se incrementó a más de 81 millones de soles con las ampliaciones.

El día de la ceremonia de suscripción del contrato el 26 de setiembre del 2020, estuvieron presente el entonces presidente de la Republica, Martín Vizcarra Cornejo y los ministros de Vivienda Construcción y Saneamiento, Carlos Lozada Contreras; de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro Mory y de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

Todos se llenaron la boca de la necesidad de ejecutar la obra que, tras cinco años de espera, por fin se haría realidad. Hoy sabemos que la obra, a todas luces está mal hecha.

“Hemos estado 05 años dando vueltas y el año pasado vino el alcalde provincial, y nos pusimos a trabajar, donde yo asumí la responsabilidad y ahora estamos firmando el contrato” expresaba en ese momento Vizcarra.

La ejecución de la obra estuvo a cargo del Consorcio Vial Samegua e implicaba la intervención de tramos de 4 y 2 carriles, junto con la creación de tres zonas recreativas: una cercana al puente La Villa, otra próxima al puente El Rayo y el Parque de la Integración de Samegua. Sin embargo, es importante señalar que estas áreas recreativas aún no han sido desarrolladas.

Adicionalmente, se esperaba que el Consorcio Vial Samegua llevara a cabo la construcción de defensas ribereñas y cinco diques transversales disipadores de energía para reducir la fuerza del cauce del río. También se contemplaba la mejora del sistema de alcantarillas y la creación de áreas verdes, con un enfoque en la arborización del Malecón Ribereño. Lamentablemente, ninguno de estos aspectos se ha materializado, y, como ya se ha informado, el río ha causado daños significativos en varios tramos de la que alguna vez fue considerada la «obra estrella» de Martín Vizcarra para “su tierra” Moquegua.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ANUNCIA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua ha iniciado una investigación sobre las obras ejecutadas en el Malecón Ribereño, considerando la posibilidad de delitos contra la administración pública y malversación de fondos. El alcalde John Larry Coayla ha afirmado que asumirá responsabilidades si la Municipalidad también es señalada en las investigaciones.

La población exige respuestas, ya que la negligencia en la ejecución de esta obra ha dejado consecuencias graves y costosas. La Fiscalía continuará con las diligencias para determinar las responsabilidades de cada actor involucrado en este desastre que afecta a la ciudad de Moquegua el sábado 20 de enero.

En el marco de diligencias urgentes e inaplazables, el equipo del Quinto Despacho de la mencionada fiscalía especializada, en funciones y liderado por el fiscal provincial Luis Armando Ortiz Ticona junto con su adjunto provincial José Antonio Delgado Peña, llevó a cabo una inspección técnico-policial en la zona afectada por los daños.

La providencia fiscal dicta la realización de las diligencias necesarias en coordinación con el área de peritos del Ministerio Público y con el respaldo del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción.