POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
En junio de 2004, en plena efervescencia caviar durante el mandato de Alejandro Toledo, un escándalo mayúsculo estalló al interior de la ONPE: Fernando Tuesta, jefe de la citada entidad, vio forzada su renuncia al descubrirse que contrató a su pareja y madre de su hijo como “su asesora” con un sueldo de S/ 10 mil. Aun así, el entonces Consejo Nacional de la Magistratura lo destituyó e inhabilitó por 5 años del ejercicio de la función pública.
A fines de diciembre de 2019, haciendo borrón y cuenta nueva, Martín Vizcarra lo designó como integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, cuyas propuestas fueron alcanzadas en marzo del año siguiente, sin resultado concreto. Cerca de cuatro años después, una barahúnda volvió a involucrarlo al conocerse el informe de la Contraloría, que concluyó que su contratación como asesor de la Alta Dirección del JNE (del 2019 al 2023) fue irregular al no cumplir con todos los requisitos en los Términos de Referencia. Con todo este abanico de quejas y denuncias, Tuesta Soldevilla sigue pontificando sobre democracia, específicamente sobre asuntos electorales. La razón es simple: es progre.
Al otro lado de la acera, en marzo pasado el Parlamento censuró a Juan José Santiváñez como titular del Interior, ingresando a los días a laborar al Despacho Presidencial en un cargo de confianza. Luego de cinco meses, Dina Boluarte lo nombró en la cartera de Justicia. Y obvio que llegaron los cuestionamientos. La razón, primigeniamente, es muy simple: no es progre. En adición, los críticos afirman que está impedido de retornar al gabinete al haber sido defenestrado del mismo y que, además, tiene carpetas fiscales abiertas.
Sobre este particular, tal cual lo indicado, Tuesta sí estuvo prohibido legalmente de trabajar o prestar servicios al Estado durante un lustro; amén de la investigación que debiera seguírsele por presumiblemente actuar ilegalmente en el JNE (desconocemos avances y/o resultados por parte de la Contraloría o de la Fiscalía). Mientras que Santiváñez tuvo una sanción política, entendiéndose como el no ocupar el puesto del que fue cesado (al menos no en este gobierno). En resumen, nada imposibilita volver a convocarlo, como ocurrió, en otra cartera ministerial.
Y, respecto de las denuncias penales, efectivamente son 7 en trámite, aunque avizoramos que, dada la politización campante en las esferas del Ministerio Público, éstas se incrementarán, precisándose que todas están en indagación preliminar.
En sentido contrario, para aquellos que creen en su retorno, dos principalmente son los retos a asumir: resolver el hacinamiento carcelario, así como la posibilidad del retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el primero, según datos del INPE recogidos por INFOBAE, más de 52 mil presos exceden la capacidad penitenciaria; es decir, de los 69 establecimientos, 49 sobrepasan en 500 % el aforo. Frente a ello, el Ejecutivo anunció la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón, situada en las costas del primer puerto. Raudamente, el vituperio: desde la falta de expediente técnico, incluyendo estudios de impacto ambiental, entre otros, hasta que se trata de una distracción política.
Prudentemente, el premier declaró que este requerimiento está en evaluación; sin embargo, el último jueves la ideologizada Corte ordenó suspender la vigencia de la reciente Ley de Amnistía aprobada oportunamente por el pleno. De inmediato, el gobierno rechazó esta decisión, considerándola una intromisión en asuntos internos, ratificando a su vez la valoración de la permanencia, o no, en el sistema interamericano de Derechos Humanos.
Estas signadas tareas, cuando menos, son las que le toca liderar al sector Justicia. Parafraseando al presidente del Congreso, confiamos en que la investidura al renacido Juan José estará a la altura de las circunstancias.
