El Poder Judicial amplió por 14 meses la prisión preventiva interpuesta contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, acusado por el delito de rebelión y otros. Esta medida fue adoptada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien acogió en parte la solicitud de la fiscal Galinka Meza para prolongar el mandato de prisión preventiva en el proceso que se sigue contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión, entre otros cargos.
DETALLES DE LA DECISIÓN
El nuevo período de prisión preventiva se extiende del 7 de junio de 2024 hasta el 6 de agosto de 2025, sumándose a la medida original que expiró el pasado 6 de junio de 2024. Esta extensión se justifica, según el Poder Judicial, porque el proceso judicial contra Castillo se encuentra en una etapa intermedia crítica.
El expresidente Castillo permanece actualmente detenido en el penal de Barbadillo, enfrentando múltiples cargos en dos procesos judiciales paralelos. Además de la reciente extensión, sobre él pesa otra orden de prisión preventiva de 36 meses, relacionada con las acusaciones de organización criminal y corrupción en los casos Puente Tarata, Petroperú y Anguía.
CONTEXTO Y ACUSACIONES
Pedro Castillo está acusado principalmente por el delito de rebelión, un cargo grave que podría implicar una condena de hasta 34 años de prisión. Esta acusación se originó tras su intento de disolver el Congreso de la República el 7 de diciembre de 2022, un acto que fue rápidamente catalogado como un golpe de Estado fallido.
Paralelamente, la Fiscalía de la Nación argumenta que Castillo lideraba una presunta red criminal durante su mandato, involucrada en actividades corruptas como las señaladas en los mencionados casos de Puente Tarata, Petroperú y Anguía.
ARGUMENTOS DE LA DEFENSA Y RIESGO DE FUGA
La defensa de Castillo ha solicitado en repetidas ocasiones que no se extendiera el plazo de prisión preventiva, argumentando que se están vulnerando sus derechos y que la medida es excesiva. No obstante, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha desestimado estos argumentos, señalando el riesgo potencial de fuga del expresidente como un factor determinante para la prolongación de su detención.
El tribunal destacó que hay indicios de que Castillo podría intentar escapar del país si se le otorgara una medida menos severa que la prisión preventiva. Este temor se basa en la posibilidad de que el gobierno mexicano, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría ofrecerle asilo político. Este riesgo se ve incrementado por la reciente visita de un diplomático mexicano a Castillo en la sede de la Diroes y el explícito ofrecimiento de asilo por parte de México.
