POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
El pleno del Congreso -finalmente- eligió a los seis magistrados del Tribunal Constitucional, en reemplazo de quienes ya culminaron su periodo tres años antes, quedando todavía la elección del actual presidente, cuyo período vence en agosto del presente año. Si bien el presidente de la Comisión Especial, sustentó ante dicho foro el informe final, dando cuenta del proceso y los seis candidatos propuestos, no se cierra este proceso por la antidemocrática decisión de proceder a la elección sin debate ni transparentar la decisión, que permita poner a la atención de la opinión pública, las consideraciones y criterios, bajo las cuales se elegiría a dichos magistrados; no es suficiente argumentar que esta es una competencia excluyente del Parlamento, atendiendo a las disposiciones constitucionales, cual si no entendiéramos la sensibilidad que despierta esta decisión en la ciudadanía, fueron los ciudadanos quienes quebrantaron “la repartija” de ayer o apoyaron el cierre del Congreso, ante un proceso similar.
La norma constitucional dispone que dichos magistrados serán elegidos con el voto favorable de 87 congresistas, una mayoría calificada en la imprescindible búsqueda de consenso entre todas las fuerzas políticas, se avizoraba que ninguna bancada parlamentaria por sí misma los tendría, aunque fuerza popular tuvo 73 miembros en el periodo 2016-2019; tratándose de un órgano trascendental para la vida democrática de nuestro país, como lo es el Tribunal Constitucional, en la defensa de los derechos constitucionales y la supremacía normativa de sus disposiciones. Y no sólo se superó esa valla, sobrepaso las expectativas y análisis, todos los elegidos lograron más de 90 votos favorables, y compartiendo nuestra fraccionada representación, es evidente que hubo acuerdos subrepticios, contando para ello con la desatención ciudadana: Francisco Morales Saravia, con 98 votos a favor; Gustavo Gutiérrez Ticse, con 97 votos a favor; Helder Domínguez, con 98 votos a favor; Luz Pacheco Zerga, con 92 votos a favor; Manuel Monteagudo Valdez con 102 votos a favor; y César Ochoa Cardich, con 102 votos a favor.
No debe causar extrañeza este manifiesto entendimiento político, si nos remitimos a su actuar y decisión como es el caso de la reforma universitaria, oficialismo, oposición y cuerpos intermedios unidos; sin embargo, en las tirantez relaciones Ejecutivo-Legislativo, que arrinconan en su discrecionalidad al gobierno, caso de las limitaciones a la cuestión de confianza o la reforma constitucional para incorporar la Asamblea Constituyente, la perspectiva lógica era bosquejar una composición mucho más institucionalista y defensora de las libertades, y por ende unas votaciones más contrastadas; la lectura inmediata, es que estos acuerdos se lograron sostenidos en criterios de supervivencia, es decir un Tribunal que les asegure en determinación futura, evitar el cierre del Congreso.
El Tribunal saliente, bueno los cinco magistrados dado que falleció Carlos Ramos Núñez, incluido su actual presidente, estaban inmerso en una confrontación cuasi personal, evidenciado en sus últimas sentencias, y cual si poco le importara el impacto de sus decisiones decayó en una posición regresiva: la consulta previa no es un derecho constitucional, el indulto a Alberto Fujimori, pasando por alto el control de convencionalidad, la reversión de la cuestión de confianza respecto a una decisión asumida por este mismo Tribunal. Eran evidentes las facciones a su interior, sumado a ello el voto especial de su presidente, que nos permitían encontrarnos con un órgano conservador, que con sus decisiones ahondaba una brecha de desautorización ante la ciudadanía. Hasta podría leerse, si ya nos vamos, poco importa. Y cuesta entenderlo, con mucho esfuerzo, se logró posicionar al Tribunal Constitucional como un auténtico baluarte de las libertades y de nuestra estabilidad democrática, con algunos matices, propios en instituciones corporativas.
Esta nueva composición, sin reparos personales, pero por sus posiciones académicas y hasta políticas, nos permiten advertir que será un Tribunal de carácter conservador, comprometido con el statu quo y carecer de actitud para profundizar un desarrollo amplio y agresivo de nuestros derechos y fortalecer nuestras instituciones sin menoscabo de sus atribuciones. Ojalá nos equivoquemos.
No es nada distante de lo que viene aconteciendo, en una justicia modelo para el control de constitucionalidad, como lo es la Corte Suprema de Estados Unidos, pues se ha filtrado un proyecto de decisión mayoritaria sobre el aborto, que hoy con una composición conservadora pretende corregir el fallo dado en 1973, en el caso Roe vs. Wade, me refiero al derecho del aborto, que a generado un arduo y amplio debate político, ciudadano y mediático, dado a que ese fallo podría ser anulado y la determinación de la interrupción voluntaria del embarazo quedaría bajo regulación de las legislaturas estatales: “La Constitución no hace referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”.
La exmagistrada Marianella Ledesma ha elevado su voz de protesta, porque el actual presidente Augusto Ferrero, de manera sorpresiva, en ceremonia cuasi privada y acelerada, rompiendo formalidades y reglamentos, procedió a la juramentación de cinco de los seis nuevos magistrados. Y esta prisa, sujeta a suspicacia, responde a la solicitud de medida cautelar planteada por un concursante excluido y al comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde anuncia de la recepción de denuncias por la falta de transparencia, debate y escrutinio público durante el proceso de elección de los seis magistrados: “Conforme a los estándares interamericanos, todo proceso de elección de integrantes de altas cortes debe basarse en los méritos, capacidad e integridad de sus aspirantes, para no poner en riesgo su independencia”.
Son momentos difíciles y complejos, impulsados por la realidad política de nuestro país, una institucionalidad de sobrevivencia y al límite; una representación política distante, deslegitimada y con nulo involucramiento por el país; un importante sector de la prensa, haciendo eco por profundizar la crisis; una ciudadanía adormecida y desatenta; una economía marchando a ritmos forzados y sobre dependiente, con amenazas evidentes; exigen un Tribunal Constitucional, que responda a las exigencias de las apremiantes circunstancias. No estamos muy de acuerdo con su composición, pero es lo que tenemos; y su elección, más allá de los aspavientos es cosa decidida, irreversible. Lo que corresponde es mantenernos en vigilia ciudadana, pendientes de las decisiones que asuma, porque en ellas descansa nuestra propia estabilidad política, una defensa irrestricta a nuestros derechos y una irrenunciable consolidación de nuestro estado constitucional.
