POR: JESÚS LIENDO BELTRAMÉ
Luego de más de 60 días en cuarentena, aun no reconocemos o no queremos darnos cuenta que el coronavirus (COVID-19) ha develado varias falencias en nuestro país, aunque los reflectores han estado orientados principalmente en demostrarnos nuestro precario sistema de salud. La informalidad con que funcionan los mercados y el transporte público, son sin ninguna duda, dos excelentes aliados de coronavirus para expandirse rápidamente y tenernos a gran parte de la población, cumpliendo estresantes disposiciones y protocolos gubernamentales para frenar su contagio masivo.
Al mismísimo estilo de ‘carrera de caballo parada de borrico’, el actual Congreso arrancó con fuerza, promulgó la Ley N° 31017 relacionada con la devolución del 25% de los aportes a las AFPs, la Ley N° 31018 sobre la suspensión del cobro de los peajes por el estado de emergencia y se ganó la aceptación de la ciudadanía, al estar en sintonía con sus demandas, pero rápidamente el ego y el poder les ganó y en un exceso por creer que mantendrían en ascenso esa aceptación de los ciudadanos, olvidándose que el poder es efímero, aprobó con endebles y vulnerables argumentos como por el “clamor popular” y “porque los conductores que brindan ese servicio merecen un apoyo del Parlamento”
La Ley que dizque formaliza a los “taxis colectivos”, titulada: “Ley que precisa los alcances de la Ley N° 28972, que establece la formalización del Transporte Terrestre de pasajeros en automóviles colectivos” precisando en su Art. 1° que los automóviles a que se refiere la Ley N° 28972 son de la clasificación vehicular M1, con carrocería sedan o station wagon, según lo establecido por el D.S. 058-2003-MTC e incluyendo en el Art. 2° a las unidades de clasificación M2 para zonas rural y urbana con más de ocho plazas excluida la del conductor. En otras palabras más de lo mismo.
Según el congresista Urresti el Congreso comete “el primer gran error” porque va a generar el caos en el país e ir contra la reforma de transporte.
Cabe recordar que el 29 de enero del 2007, el Congreso presidido por la Sra. Mercedes Cabanillas, aprobó la Ley N° 28972 – Ley que Establece la Formalización del Transporte Terrestre de Pasajeros en Automóviles Colectivos, cuyo objetivo era la formalización del transporte terrestre de pasajeros, interprovincial e interregional en automóviles colectivos.
Mediante D.S. 029-2007-MTC del 10 de agosto del 2007, se aprobó el Reglamento del Servicio de Transporte Interprovincial Regular de Personas en Automóviles Colectivos, reglamento que en sus Art. 9°, 10°, 11° y 12° estableció las condiciones que debían cumplir los transportistas, los vehículos, sus características y las condiciones del mercado. Estos importantes artículos jamás fueron cumplidos por los transportistas.
Los taxis colectivos, como es obvio están en contra de la reforma del transporte que viene impulsando el Ministerio de Transportes, cuyo objetivo es implementar un sistema de macro transportación, con modernas unidades que permitan trasladar una mayor cantidad de pasajeros, además de ser un servicio que hoy incrementaría peligrosamente el riesgo de contagio del Covid 19.
La única disposición transitoria final, sobre las condiciones de bioseguridad, se dispone que el servicio de transporte terrestre de pasajeros en automóvil colectivo debe realizarse cumpliendo los lineamientos de bioseguridad ante el Covid 19, emitidos por el MINSA, los protocolos sanitarios sectoriales emitidos por el MTC y con los planes de vigilancia y control del Covid 19 en tanto se encuentren vigentes.
En buen castellano, se ha aprobado una Ley súper exprés, cuya aprobación no ha merecido un estudio concienzudo sobre sus implicancias en la emergencia sanitaria que el Gobierno está tratando de neutralizar y sobre las diversas normas que buscan la modernización del transporte público en beneficio de la ciudadanía, o sea estamos retrocediendo.
Las Leyes en sus considerandos no se sustentan por el “clamor popular”, las Leyes se aprueban con fundamentos técnicos/legales. Las autoridades deben entender que una reforma como la del transporte en pleno proceso, toma su tiempo, porque implementarla demanda una serie de modificaciones al marco legal, pero sobre todo demanda el cambio del chip de la mentalidad de los ciudadanos y el Congreso respetando su autonomía debe estar en esa dirección.
