POR: MSC. MBA (C) – PMO ARQ. GUSTAVO PUMA CÁCERES (PLANIFICADOR URBANO TERRITORIAL Y PORTUARIA, GOBERNANZA TERRITORIAL Y GESTIÓN DE CIUDADES PUERTO).
ARTÍCULO EN COLABORACIÓN CON B. ARQ. KAMILA DELGADO SOTTA.
Hace unos días el Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Arequipa (STCCA) puso en jaque al ineficiente GORE Arequipa con un paro indefinido y la paralización de las obras públicas desde el 11 de marzo, donde Rohel Sánchez, los calificó de «extorsionadores» y que no permitirá condicionamientos, pero finalmente sus gerentes de línea accedieron a las propuestas de negociación de construcción civil.
En todos los países las licitaciones públicas deberían ser el pilar de desarrollo para las empresas nacionales y garantizar de infraestructura de calidad. Pero, en los últimos años, en el Perú y ahora en Arequipa, estos procesos de adjudicación parecen estuvieran estructurados para beneficiar a empresas extranjeras, específicamente chinas, en perjuicio de constructoras nacionales y regionales.
Esta situación no representa una competencia justa, sino que más bien parece una estrategia para monopolizar la obra pública. Lo preocupante está en el impacto negativo que tiene sobre las empresas locales, que se ven en desventaja, hasta el extremo de correr el riesgo de desaparecer.
EMPRESAS CHINAS: LAS DUEÑAS DE LA OBRA PÚBLICA EN AREQUIPA
Según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) entre 2019 y 2022 se adjudicaron 120 obras públicas en el país por un valor total de S/ 15,452 millones a empresas chinas como China Railway Construction Corporation (CRCC), Sinohydro, China Communications Construction Company (CCCC), China Gezhouba Group Corporation (CGGC). Arequipa no ha sido la excepción: importantes proyectos viales, de saneamiento y la construcción de hospitales han sido adjudicadas a empresas extranjeras, reduciendo así las oportunidades de participación de las empresas locales y nacionales.
Una de las principales razones detrás de esta situación es la imposición de requisitos financieros y técnicos excesivos en los procesos de licitación.
Por ejemplo, las bases de licitación exigen líneas de crédito equivalentes al 30% o 40% del valor referencial del proyecto, un requisito innecesario que no está estipulado en la ley y que no debería ser necesario, ya que las obras públicas cuentan con un financiamiento asegurado. Porque, ¿Quiénes pueden cumplir con esta condición? Sólo los grandes consorcios internacionales que cuentan con el respaldo de la banca privada. Las empresas arequipeñas, en cambio, al no tener acceso a este alto nivel de financiamiento, quedan automáticamente fuera de la competencia.
COMPETENCIA DESLEAL Y PRÁCTICAS CUESTIONABLES
El problema solo se limita a los requisitos financieros. Se ha identificado que varias empresas chinas, aunque registradas como independientes, participan operando como un grupo coordinado en los mismos procesos de licitación. Esta estrategia, que similar a la formación de un cartel, al mismo estilo del club de la construcción, les permite acaparar contratos y bloquear la participación de la competencia.
Según un informe publicado por el diario Gestión, Capeco ha denunciado estas irregularidades y ha solicitado medidas correctivas para establecer condiciones más justas, pero hasta la fecha, el gobierno no ha dado respuesta o no le interesa. Este vacío normativo sigue beneficiando a los gigantes chinos, en detrimento del crecimiento de la industria de la construcción local y nacional.
EL IMPACTO EN AREQUIPA: UNA ECONOMÍA EN RIESGO
La exclusión de las empresas nacionales y locales en la obra pública tiene consecuencias negativas para el desarrollo de Arequipa. Dado que la construcción es uno de los sectores que más empleos genera en la región, si las empresas locales son excluidas de los grandes proyectos, se pierden muchos puestos de trabajo de forma directa e indirecta. Además, la reducción de la competencia puede derivar en sobrecostos y en una menor calidad de las obras, perjudicando de esta manera a la población que dependerá de esas infraestructuras.
Si no se corrige este rumbo, Arequipa podría quedar atrapada en un modelo de dependencia en el que solo empresas extranjeras ejecutan grandes obras, limitando el desarrollo del sector construcción y reduciendo la circulación de capital dentro de la región.
Para garantizar una competencia justa, es necesario redefinir los criterios de selección de las licitaciones, eliminando los requisitos financieros innecesarios y estableciendo mecanismos de financiamiento que sean accesibles para empresas locales.
Además, es necesario fortalecer el papel de la supervisión en los procesos de contratación, impidiendo la ejecución de prácticas monopólicas encubiertas. Adicionalmente, el gobierno regional y central en su deber de proteger el empleo y el desarrollo económico de la región debería de formular políticas que fomenten la contratación de empresas peruanas.
AREQUIPA DEBE RECUPERAR EL CONTROL DE SUS OBRAS
Las licitaciones de obras públicas en Arequipa no pueden seguir siendo un campo de juego desigual. Si bien, la inversión extranjera es importante, esta, no debe darse a costa de la exclusión de las empresas locales.
Si el Estado no toma acciones al respecto, se corre el riesgo de entregar la infraestructura del país a un solo jugador, mientras que los demás quedamos como espectadores de nuestro propio desarrollo. La transparencia, equidad y justicia debe primar en los procesos de contratación cosa que no existe en el Perú ni en Arequipa.
