POR: ABOGADO CÉSAR MARÍN CÁCERES
Human Rights Watch es una organización no gubernamental (ONG) sobre derechos humanos a nivel internacional, hace unos días emitió un informe en el cual confirmó que la represión realizada por el actual gobierno provocó la muerte de 49 personas, e incluso llega a establecer que existen “fuertes razones para creer que la presidenta Boluarte y el primer ministro Otárola y otros altos funcionarios no tomaron medidas efectivas para detener las muertes a pesar de tener conocimiento de las fuerzas de seguridad en ellas”.
En el informe precisó que “los superiores pueden ser considerados responsables de los abusos si conocían o debían conocer los delitos cometidos por quienes estaban bajo su autoridad y si no tomaron la medidas necesarias y razonables para impedir que se produjeran o para que se investigue y enjuiciaran los hechos.”
Lo más importante es que ha recomendado al Perú sobre todo a las Fuerzas Armadas que las armas letales no deben usarse para defender edificios o propiedades, solo en defensa de la vida, recomienda a la Fiscalía de la Nación una investigación pronta de los miembros de las fuerzas policiales y militares incluyendo a los superiores y autoridades gubernamentales, también recomienda a la presidente Dina Boluarte debe presentar proyectos de ley para derogar las normas que otorgan inmunidad a los policías y militares que matan o hieren a personas.
Tal como lo habíamos señalado el artículo 20 del Código Penal peruano en su numeral 11 establece: “… El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”. En donde exime de responsabilidad penal, este informe señala que se debe derogar ese numeral 11 del artículo 20 del Código Penal.
Las fuerzas de seguridad de todo el mundo son entrenadas para disparar al cuerpo, bajo el criterio de que su vida está en riesgo. En estos casos no había esa circunstancia que justifique el uso de armas letales, señala que las investigaciones tienen que ser inmediatas para poder recoger evidencias, decomisar las armas, efectuar las pruebas de absorción atómica, esas pruebas eran necesarios para poder realizar una buena investigación.
Ahora ha pasado mucho tiempo ya no se va a poder realizar una buena investigación para determinar la culpabilidad de los que realmente tienen responsabilidad de las muertes, en estos casos han demorado tanto que no hay ningún detenido por las muertes, solo hay protestantes con prisión preventiva o con sentencias anticipadas.
Durante los estados de emergencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 numeral 1 de la Constitución se han suspendido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo.
Coincidimos con el informe de Human Rights que las investigaciones deben incluir a las autoridades civiles Dina Boluarte y Alberto Otárola porque optaron por el estado de emergencia lo que generó las muertes. Ya que al suspender varios derechos constitucionales coadyuvó a que se vulnere el derecho a la vida.