POR: ECON. JORGE LIRA TORRES
La situación actual de la proyectada rehabilitación del Castillo Forga se encuentra en este momento en una etapa irreversible para su ejecución, porque ya ha superado tres condiciones indispensables en la ejecución de un proyecto público que son: Contar con un Expediente Técnico aprobado, disponer del financiamiento correspondiente y haber otorgado la “Buena Pro” de la obra después de la respectiva licitación pública. Estos requisitos, como es de público conocimiento, ya han sido superados por la entidad responsable de la obra, que es el Plan Copesco.
MUY PRONTO PARA PENSAR EN SU ADMINISTRACIÓN
Como lo ha establecido este organismo en una Resolución Directoral, la obra deberá ejecutarse en un plazo de 570 días calendario, es decir que antes de cumplido este tiempo, resulta prematuro pensar en la forma de administración de tan importante monumento histórico, para garantizar su debido mantenimiento que dependerá de los recursos propios que deba generar a partir de una gerencia debidamente calificada.
¿“JURÍDICAMENTE INVIABLE”?
Se ha sostenido equivocadamente que es “jurídicamente inviable” que el manejo de este complejo se lleve a cabo mediante una autoridad autónoma, pues hay decenas de organismos del estado que cuentan con esta modalidad de administración, porque permite que un cuerpo colegiado de personas representativas de diferentes organismos, aporten su contribución al buen manejo, que lógicamente debe ser presidido por el Estado, que en este caso es la autoridad local: el alcalde provincial.
PROYECTO DE LEY CON OMISIONES
La iniciativa, aún prematura, presentada por el congresista Esdras Medina, tiene muy escasa posibilidades de éxito en el Congreso actual, porque en la sustentación de su proyecto ha omitido mencionar que esta obra ya cuenta con un expediente técnico aprobado por el Ministerio de Cultura, posee el adecuado financiamiento y ya se ha seleccionado a la empresa constructora.
Hagamos votos para que, en este caso, no surjan en el camino los ya tradicionales retrasos en las obras públicas y se tenga que incorporar adendas que, si no paralizan la obra, por lo menos la retrasan en su ejecución.
