POR: EDGARD NORBERTO “BETO” LAJO PAREDES
El lunes 2 de marzo de 2026, una contratista del proyecto minero Tía María realizó la demarcación con polvo blanco de la línea donde se abriría una zanja para la instalación de un cerco vivo como límite de la concesión minera. Este hecho provocó la inmediata protesta de la población del anexo El Fiscal, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa, quienes se aglomeraron en el lugar y exigieron la paralización de los trabajos.
Los pobladores solicitaron al encargado de la actividad que ordenara a su personal no continuar con la apertura de zanjas, al considerar que el cerco proyectado se encontraba dentro del perímetro de la Asociación de Vivienda de Interés Social (AVIS) El Fiscal, generando una superposición parcial con la concesión minera. En ese contexto, exigieron que la delimitación se ubique fuera del área perimetral correspondiente a su jurisdicción.
La dirigencia del anexo sustentó su posición con documentación técnico-legal obtenida de Registros Públicos, contrastada con los planos existentes en la Municipalidad Provincial de Islay, entidad que realizó la primera inscripción de dominio. Asimismo, personal técnico de dicha comuna procedió a la colocación de hitos que delimitan el perímetro de la AVIS El Fiscal.
Ante la presión de la población, el responsable del equipo de trabajo del cerco vivo dispuso la suspensión de las labores y se comunicó con sus superiores. Minutos después, representantes del proyecto se hicieron presentes en la zona, sostuvieron un diálogo con los dirigentes y acordaron no continuar con la instalación del cerco hasta definir, de mutuo acuerdo, la ubicación exacta del mismo. Este tema será abordado en una próxima reunión, cuya fecha está sujeta a una respuesta escrita del proyecto Tía María a las solicitudes formuladas por los pobladores.
Los dirigentes del anexo El Fiscal mantienen, de manera frecuente, canales de diálogo con representantes de la empresa minera; sin embargo, este incidente ha generado preocupación por lo que consideran un desconocimiento del perímetro de la AVIS y de los hitos colocados por la autoridad municipal.
Entre sus principales demandas se encuentra el respeto al perímetro e hitos del área de la AVIS El Fiscal, el retiro del cerco vivo proyectado hacia las faldas del cerro, la rectificación de las coordenadas UTM del proyecto minero en concordancia con el perímetro del anexo y la entrega de información detallada sobre los impactos del proyecto en la zona.
El anexo El Fiscal se ubica en plena carretera Panamericana y se ha consolidado como un centro de comercio para viajeros que se desplazan entre Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna. Su población cuenta actualmente con servicios básicos como institución educativa, puesto de salud, servicios higiénicos públicos, una asociación de vivienda de interés social y una junta administradora de agua potable.
En los últimos meses, la población ha comenzado a expresar preocupación por su futuro. Algunos vecinos señalan que la carretera Costanera ha reducido el flujo de pasajeros y, por ende, el movimiento económico del anexo. A ello se suma la inquietud generada por el convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Arequipa y la empresa Southern Perú para la construcción de la carretera entre Cocachacra y Yarabamba, lo que podría modificar las rutas de transporte y afectar directamente a la localidad.
Con el avance de los proyectos mineros Tía María y La Tapada, los pobladores han identificado que El Fiscal forma parte de la zona de influencia directa. En ese escenario, surgen interrogantes sobre los posibles impactos negativos, así como sobre la eventual aplicación de la Ley N.º 29869, Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable.
Esta norma establece el marco legal para la reubicación de poblaciones asentadas en zonas de peligro inminente, lo que ha generado incertidumbre entre los habitantes, quienes se preguntan si podrían ser trasladados, en qué condiciones y bajo qué procedimientos.
En este contexto, se advierte una ausencia de información oportuna y adecuada respecto a las obras y proyectos en ejecución. Los pobladores consideran necesario que las municipalidades, el Gobierno Regional y los ministerios del Poder Ejecutivo asuman su responsabilidad en la difusión de información clara y transparente, a fin de garantizar decisiones informadas y evitar conflictos sociales.
