POR: JORGE ACOSTA ZEVALLOS (ECONOMISTA DEL CEM)
Las cuentas económicas del Estado Peruano son similares a los libros contables de las empresas. Tienen una sección de ingresos y otra de gastos, a los cuales se les añade el término «fiscales» por ser de carácter público. Los ingresos fiscales se componen principalmente de impuestos directos e indirectos que los peruanos pagamos al Estado. Estos fondos se destinan a los gastos fiscales, como remuneraciones a los trabajadores y funcionarios en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como para obras de desarrollo. Cuando los ingresos fiscales superan los gastos fiscales, se produce un superávit fiscal, lo que permite mejorar las remuneraciones y realizar inversiones públicas.
Por otro lado, cuando los gastos fiscales son mayores que los ingresos, se genera un déficit fiscal. Si este déficit es menor al 2% del Producto Bruto Interno (PBI), se considera manejable, pero si supera ese porcentaje, puede generar problemas graves para la población vulnerable.
Lamentablemente, el déficit fiscal del Perú en 2023 fue del 2.4%, y se prevé que en 2024 continúe en un nivel similar o incluso mayor, a pesar de un ligero repunte en la producción y un control de la inflación. Según un informe del Área de Estudios Económicos del BCP, se estima que el déficit fiscal alcance cerca del 2.5% del PBI. La diferencia entre el gasto y los ingresos se cubre principalmente con créditos financieros públicos y privados. Además, se ha asignado una suma considerable para abordar los efectos del cambio climático, pero el programa de reactivación económica, conocido como «Punche Peru», no ha sido utilizado eficientemente. La caída en los ingresos debido a la recesión económica, el fenómeno del Niño y la inestabilidad política también han contribuido al déficit fiscal.
La única manera de revertir esta tendencia recesiva es atraer inversiones privadas responsables. Si no se logra, es probable que se aumenten los impuestos. La falta de confianza de los inversionistas en un país con cifras económicas negativas y un evidente desgobierno complica aún más la situación.
Si no se producen cambios, las regiones podrían experimentar retrasos en la entrega de asignaciones presupuestarias, lo que aumentaría la presión sobre los gobernadores y alcaldes debido al desempleo y los bajos ingresos de la población. Más allá de las disputas políticas, la situación económica es preocupante para quienes enfrentan una crisis continua. Nos encontramos en una situación difícil y aún no vislumbramos una solución.
