POR: ABOG. JESÚS MACEDO GONZALES
Hace algunas semanas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto con diversas organizaciones de la sociedad civil, sostuvo una reunión orientada a definir un conjunto de propuestas mínimas que deberían ser asumidas por quienes aspiran a ejercer funciones en el Congreso o en el Poder Ejecutivo. Esta iniciativa parte de una convicción fundamental: no puede hablarse de una democracia auténtica si no se garantiza el respeto efectivo de los derechos fundamentales de todas las personas, sin excepción.
En el documento que elaboraron, se advierte con claridad que el país atraviesa un escenario que califican como “autoritarismo parlamentario”. Según su análisis, determinados sectores políticos habrían impulsado una progresiva captura de instituciones autónomas, manipulado el marco normativo e incluso promovido reformas constitucionales con el propósito de asegurar espacios de impunidad. El resultado, sostienen, es una democracia debilitada, donde el equilibrio de poderes se erosiona y es reemplazado por dinámicas orientadas a la preservación del poder antes que al bien común.
Asimismo, el documento señala la existencia de estrategias dirigidas a restringir el espacio cívico, desincentivando la participación ciudadana y deslegitimando la protesta social. Este clima de hostilidad no solo debilita los mecanismos de control democrático, sino que genera desconfianza respecto del compromiso del Estado con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La Coordinadora advierte que la progresiva erosión del Estado de Derecho facilita el avance de economías ilegales, la corrupción y la violencia organizada. En este contexto, quienes más padecen las consecuencias son los defensores indígenas y ambientales, particularmente en la Amazonía, quienes enfrentan amenazas constantes mientras intentan proteger sus territorios y recursos naturales, muchas veces sin el respaldo efectivo del Estado.
La crisis política, además, se traduce en un agravamiento de la desigualdad social y en el deterioro de los servicios públicos esenciales. Paralelamente, se observa el impulso de una agenda conservadora que cuestiona el enfoque de género, debilita la protección de mujeres y personas LGTBIQ+, y continúa reproduciendo formas de discriminación hacia pueblos indígenas y afrodescendientes. A ello se suma la persistente invisibilización de la violencia silenciosa que afecta a niños y adolescentes, configurando un escenario en el que amplios sectores de la población permanecen en situación de vulnerabilidad estructural.
Frente a esta realidad, las organizaciones han planteado criterios orientadores para evaluar a quienes buscan asumir responsabilidades de gobierno. Entre ellos destacan la necesidad de reformas institucionales profundas, el fortalecimiento de la justicia y la seguridad con enfoque de derechos, la defensa del espacio cívico, el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afroperuanos, la promoción de la justicia ambiental y la garantía de igualdad sustantiva y de una vida libre de violencia para todas las personas. Asimismo, se propone avanzar hacia un nuevo pacto social que redefina la relación entre Estado, mercado y sociedad desde una perspectiva centrada en los derechos humanos.
Finalmente, se plantea la necesidad de derogar normas que favorezcan la impunidad, rechazar amnistías frente a crímenes de lesa humanidad y fortalecer el compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cumpliendo las decisiones de la Corte Interamericana. La tarea es compleja y exige responsabilidad colectiva. Sin embargo, no exigir estos estándares mínimos a quienes aspiran a gobernar implica renunciar a nuestra capacidad de incidir en el rumbo del país, porque, en esencia, no puede existir democracia sin derechos humanos.
