POR: ECON. JORGE LIRA TORRES
Hace pocas semanas se ha informado públicamente que la Contraloría de la República ha planteado diversas observaciones relacionadas con el proceso de puesta en valor del Castillo Forga y posteriormente se ha sostenido entre otras informaciones que la empresa constructora procederá a demoler un 70% de la infraestructura existente.
Las obras en mención tienen que respetar las especificaciones del expediente técnico que elaboró la empresa Volcan S.A. aprobadas por el Ministerio de Cultura, una de cuyas exigencias fue que no se puede reconstruir, sino “rehabilitar” las instalaciones vigentes, lo cual supone técnicas especializadas para respetar la actual infraestructura, mediante procedimientos que permitan conservar las características que tenía esta edificación en su construcción original para no perder su carácter de monumento histórico.
En una obra pública tan importante por su significación y el monto de la inversión, no se debe omitir la designación o contratación de un supervisor, cuya función es monitorear y verificar una correcta ejecución de las obras. Con este fin, el Plan Copesco ahora Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (Uicet) después de otorgar la “Buena Pro” de las obras, llevó a cabo otra licitación pública para contratar la citada supervisión.
Lamentablemente por esos días la administración de la expresidenta Boluarte decidió crear un nuevo Instituto Nacional de Obras Públicas, el cual deberá asumir todas las obras que tiene el Gobierno en marcha. Cumpliendo esta disposición se decidió cerrar definitivamente el Plan Copesco que era un organismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo paralizando entre otras cosas la licitación en marcha para designar al supervisor de esta obra.
