POR: GUSTAVO PUMA CÁCERES [gpumacac@unsa.edu.pe]
En medio de los convulsos sucesos nacionales y globales de estos días, surge la pregunta: ¿qué relación existe entre el Bien Común (BC) y el riesgo de una Tercera Guerra Mundial? El bien común, como principio rector, busca el florecimiento integral de la sociedad mediante la garantía de derechos fundamentales, justicia y paz. Sin embargo, en un escenario de confrontación global, ya sea por tensiones entre potencias nucleares como Irán, EE. UU., Israel, Rusia, Pakistán y otros (guerras por recursos o conflictos ideológicos), su preservación se vería seriamente comprometida.
Para el Perú, esta reflexión adquiere especial relevancia. El país enfrenta desigualdades estructurales, una profunda desconfianza en las instituciones y la ausencia de políticas públicas efectivas, factores que obstaculizan la realización del BC. En ese contexto, se analiza el estado del Bien Común en el Perú, se identifican los principales obstáculos para su consolidación y se proponen algunas vías para fortalecerlo en un contexto de incertidumbre global.
¿QUÉ ES EL BIEN COMÚN?
El bien común es un principio fundamental de la filosofía política y social que engloba las condiciones necesarias para el desarrollo integral de todos los miembros de una sociedad. En términos generales, puede definirse como el conjunto de beneficios sociales, institucionales y socioeconómicos que favorecen a la colectividad en su conjunto, más allá de intereses particulares e individuales. El bien común se manifiesta en aquellas estructuras políticas, económicas y sociales que garantizan una vida digna, el acceso equitativo a oportunidades y la participación activa en la vida pública; no se trata de una mera suma de intereses individuales, sino de un objetivo colectivo que exige cooperación, solidaridad y justicia distributiva.
En el caso del Perú, este principio está consagrado en la Constitución Política (Artículo 1), donde se reconoce a la persona humana y al bien común como fines supremos del Estado y la sociedad. No obstante, su implementación enfrenta obstáculos persistentes debido a problemas estructurales como la desigualdad y la falta de mecanismos institucionales eficaces.
OBSTÁCULOS PARA EL BIEN COMÚN EN EL PERÚ
El Perú es uno de los países con mayor desigualdad económica en América Latina. Aunque ha experimentado crecimiento económico en las últimas décadas, la riqueza se concentra en una minoría, mientras que un 30 % de la población vive en pobreza (INEI, 2023). Además, existen profundas brechas entre Lima y las zonas rurales, agravando la exclusión social y la informalidad.
La corrupción sistémica (ejemplo: casos Odebrecht, cuellos blancos y el Poder Judicial) ha debilitado las instituciones, desviando recursos clave de áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura, lo que ha erosionado la confianza ciudadana. Paralelamente, persisten la fragmentación social y la discriminación, especialmente contra poblaciones indígenas y afroperuanas, cuya exclusión política y económica obstaculiza la creación de un proyecto nacional inclusivo y cohesionado.
Crisis de representación política: los partidos políticos son débiles y muchas veces responden a intereses particulares en lugar del bienestar colectivo. La alta rotación de gobiernos (6 presidentes en los últimos cinco años) y la polarización han dificultado la implementación de políticas de largo plazo.
FORTALECER EL BIEN COMÚN
Se proponen cuatro ejes clave para promover el bien común, cuyo objetivo es construir una sociedad más justa, transparente y cohesionada.
- Reforma del Estado y lucha contra la corrupción: se plantea una reforma integral basada en meritocracia, transparencia y eficiencia, junto con una justicia independiente y sanciones efectivas contra la corrupción.
- Reducción de desigualdades: se sugiere implementar políticas sociales inclusivas, como educación de calidad, salud universal y empleo digno, ampliando programas como Pensión 65, pero complementándolos con estrategias de desarrollo productivo.
- Diálogo nacional y participación ciudadana: se propone un pacto social que incluya a gobierno, empresarios, sociedad civil y pueblos indígenas, junto con descentralización y consultas previas para una democracia más participativa.
- Educación y cultura cívica: se enfatiza la necesidad de una educación que fomente valores como solidaridad y responsabilidad social, además de un rol más constructivo de los medios y redes sociales.
El bien común en el Perú no es una utopía, sino una meta alcanzable con voluntad política y participación ciudadana. Lograrlo requiere superar la corrupción, la desigualdad y la fragmentación social mediante un compromiso colectivo. El Estado, el sector privado y la ciudadanía deben trabajar juntos para construir un país donde el desarrollo no sea privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Solo así el Perú podrá avanzar hacia una sociedad más justa y cohesionada.
