Estados Unidos manifestó su inquietud por el reciente fallo judicial que impediría al Estado peruano ejercer funciones de supervisión sobre el puerto de Chancay, operado por la empresa china Cosco Shipping.
La postura fue difundida por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que expresó su preocupación ante reportes que advierten una eventual limitación a la capacidad fiscalizadora del Perú sobre una infraestructura estratégica ubicada en su propio territorio.
“Preocupados por los últimos informes que indican que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores”, señalaron en un pronunciamiento público.
En esa línea, Washington remarcó la necesidad de que se respete el derecho soberano del país andino a controlar infraestructura crítica, subrayando que este caso trasciende el ámbito bilateral.
“Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”, advirtió la entidad estadounidense.
El mensaje fue respaldado por el nuevo embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, quien sostuvo que “todo tiene un precio, y a la larga, lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”.
CUESTIONADO FALLO
La reacción se produce tras la decisión del Poder Judicial de admitir la demanda de amparo presentada por Cosco Shipping contra el Estado peruano.
El fallo establece que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) no podrá regular, fiscalizar ni sancionar las operaciones de la compañía, pese a que el terminal portuario opera en territorio nacional.
Desde Ositrán, su presidenta Verónica Zambrano anunció que la entidad apelará la resolución, al considerar que, aunque Cosco es una empresa privada, presta un servicio público.
“Ellos son una empresa de uso público. Cuando dicen, somos privados, se quedan en privados pero no aclaran que brindan servicio al público. Esa condición de brindar servicio al público genera una serie de consecuencias legales, entre ellas que tienen que ser supervisados por Ositrán, porque nosotros supervisamos a las entidades prestadoras de servicios públicos en transporte”, precisó.
